Para el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac (Frente del Anáhuac), hay posibles retrocesos y problemáticas si se aprueba la Ley Ambiental, conocida como «Ley Batres», presentada por Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México.
El Frente del Anáhuac señaló que esta propuesta podría tener repercusiones negativas en la protección del ambiente y los derechos de los habitantes de la capital del país.
Una de las principales preocupaciones de este grupo se centra en el capítulo relacionado con los «actos administrativos traducidos en permisos», el cual, según su interpretación, abriría la puerta a la explotación de espacios en áreas naturales protegidas y flexibilizaría los criterios para modificar el suelo de conservación.
Otro aspecto en el que ven negativos es que se eliminaría el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, además de que habría una falta de prohibición explícita de la reducción del suelo de conservación.
Respecto a la «prohibición de la privatización del agua», esta organización considera que se trata de una medida demagógica y poco efectiva, puesto que el argumento de competencia del gobierno citadino es falso, dado que esta administración obvia que constitucionalmente el agua es propiedad de la nación y cualquier medida en este sentido debería realizarse dentro del marco de esta carta magna o a través de una nueva Ley General de Aguas.
También abundan que la Constitución de la Ciudad de México prohíbe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje, pero mencionaron que esta suspensión no es el principal mecanismo a través del cual el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la entidad, sino que se realiza principalmente a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) otorga el dictamen de factibilidad hidráulica.
CONSULTA CIUDADANA
En cuanto al «proceso de consulta vecinal para grandes construcciones», el Frente del Anáhuac subrayó que este proceso consistiría en la realización de estudios de impacto social, cuyo mecanismo representan un retroceso, dado que pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido en los pueblos y barrios originarios.
Tras esto, la organización apuntó que hay una falta de inclusión de pueblos y barrios en el Consejo Asesor propuesto por la “Ley Batres”, además de una ausencia de un proceso de consulta con estos grupos sobre una normativa que incide directamente en sus territorios.
Con información de La Crónica