Por: Víctor S. Serrano
Desde hace unos días, volvimos a recobrar el temor de que los organismos públicos autónomos ya no volverían a ser, como su nombre lo indica: “autónomos”.
Ese principio se rompió a partir de que el Coordinador de MORENA en el Senado de la República presentó el diez de junio una reforma constitucional en donde se propone desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, y la Comisión de Reguladora de Energía, pues su propósito es fusionarlos en un solo Instituto, alegando que con ello se ahorrarían 500 millones de pesos al año.
Pero dejando a un lado lo que siempre nos preguntamos, ¿Dónde están los recursos que se han recabado de los recortes y de la austeridad?, ¿Cuánto ha sumado en pesos y centavos?, y ¿qué se ha hecho con ellos?; se volvieron a retomar las preguntas de los organismos autónomos: ¿desaparecerán?, ¿serán autónomos en verdad?, ¿serán controlados por el Estado?
Creo que esas son las interrogantes más importantes que se deberían contestar; pero, sería escalofriante tener una respuesta que vaya en contra de lo que verdaderamente representan estos organismos autónomos; por ejemplo: ahora que se aproxima el proceso electoral más grande que ha tenido México, el Instituto Nacional Electoral está en la mira presidencial, porque según él varios Consejeros de este órgano autónomo forman parte del “Bloque Opositor Amplio”, el que según quiere derrocar al partido político que está en el poder.
En estos días, sería un buen pretexto para desaparecer el Instituto Nacional Electoral, alegando que va en contra de la democracia, y regresar esa función de organizar las elecciones a la Secretaría de Gobernación, o crear una Comisión u organismo en fast track para controlar las próximas elecciones; que conste, ¡solo se está suponiendo!
Haciendo un poco de memoria, estos organismos autónomos comenzaron aparecer en México a partir de la década de los 90´s, con independencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, están regulados desde la Constitución, y su actuar debe ser independiente en sus decisiones de las demás instituciones gubernamentales, incluso debe ser en ocasiones reguladoras de las funciones de los servidores públicos, de las Administraciones Públicas cuando estas vulneren derechos humanos de los gobernados, y contra actos y normas de autoridad que atenten en contra de la Constituciones Federal y de los Estados, lo que se conoce como acciones de inconstitucionalidad.
Precisamente, el organismo público autónomo federal encargado de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de los gobernados en México, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual se creó en el año de 1990, y en la actualidad su titular es María del Rosario Piedra Ibarra, hija de la ex senadora María del Rosario Ibarra de la Garza por el Partido del Trabajo.
Sin duda alguna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido siempre el sueño de muchos, y la joya de la corona para otros, lo cierto es que la labor fundamental que
este organismo nacional, es como ya se dijo, la defensa de los derechos humanos de todos los gobernados y habitantes de México frente a los actos autoritarios de los servidores públicos federales o estatales incluso.
Es cierto, a través de todo el tiempo que tiene la CNDH se ha visto cuestionada por las acciones u omisiones en las que ha incurrido en algunos casos, pero también se ha hecho mucho por proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
Recuerdo que gracias a las recomendaciones e informes generales que la CNDH ha emitido al Estado Mexicano se han podido restituir en la medida de lo posible los derechos humanos que fueron vulnerados por los servidores públicos de las administraciones públicas federales y estatales, como en caso de los vulnerados por la guerra sucia, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; entre muchos otros.
Aunque, siempre se ha criticado que el titular de la CNDH es o actúa de manera cercana con el titular de Ejecutivo Federal, aunque el Senado de la República tenga entre sus facultades la designación de este; en el momento actual en que vivimos esa cercanía se advierte peligrosa y poco alentadora para atender y girar recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Administración Pública Federal.
Un ejemplo de ello, es el Comunicado de Prensa DG/177/2020, del diez de junio de dos mil veinte, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde escudándose de manera irregular en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, y 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se negaron en presentar acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal el once de mayo de este año en el Diario Oficial de la Federación, en el que se dispone que las Fuerzas Armadas de manera permanente llevaran a cabo tareas de seguridad pública, y que estas quedaran al mando de un civil, que es el titular de la Guardia Nacional.
La CNDH afirmó que dicho acuerdo no es una norma o ley, por lo que está impedida en presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, para que el Poder Judicial Federal revise si la decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal transgrede o no la constitución federal.
Se advierte que la CNDH no quiso ir en contra de un mandamiento del Presidente de la República, a pesar que podría haber presentado esa acción de inconstitucionalidad porque ese acuerdo transgrede diversos preceptos constitucionales. Además, abrió el abanico de posibilidades para que cualquier acuerdo emitido por Presidente no sea obligatorio; por lo tanto, no puede vulnerar la Constitución, por lo que las fuerzas armadas pueden o no acatarlo, pues la misma CNDH reconoció que no es una norma o ley.
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Pero, ¿qué será de nosotros los gobernados cuando queramos protección de la CNDH en contra de autoridades federales?