CANDELERO

Es evidente que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum al través de la Fiscalía General de la República intenta demostrar que sí está investigando el escandaloso caso de Sinaloa en el que aparecen como protagonistas principales el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el Senador Enrique Inzunza Cázares, ambos morenistas, para atenuar la presión de Estados Unidos que al través de su Departamento de Justicia los acusa –junto con otros ocho funcionarios- de varios delitos graves y de estar vinculados con el cartel de “Los Chapitos”.

Por cómo avanza el sucio caso del ex gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, la Presidenta Sheinbaum aún está a tiempo de rectificar y proteger su reputación, ¿cómo?…..evitando ella, su gobierno y su Partido-Morena cualquier tipo de defensa a favor de quienes las autoridades de Estados Unidos acusan de graves delitos por lo que solicitaron a México su detención con fines de extradición.

El reportaje de éste martes de la CNN alborotó más las discrepancias de México con Estados Unidos sobre el respeto a nuestra soberanía al revelar que Francisco Beltrán (A) “El Payín” perteneciente a “Los Mayos” y Humberto Rangel Muñoz que conducía la camioneta que explotó al salir del Aeropuerto “Felipe Angeles” (AIFA) el pasado 28 de Marzo, no murieron por un ajuste de cuentas cometido por “Los Chapitos”, sino que fue un asesinato selectivo implementado por la CIA que ya empezó la que se califica como “guerra sucia” contra los Cárteles de la droga.

Ariadna Montiel que al asumir la dirigencia nacional de Morena soltó la contundente frase: “ésta dirigencia no tolerará la corrupción”, eso la compromete a predicar con el ejemplo no interviniendo para nada en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el muy grave Caso Sinaloa.

Para empezar, no se puede negar que Estados Unidos ha abierto un frente de gran riesgo para la reputación del gobierno de la Presidenta Sheinbaum y de su partido Morena, con la solicitud de detención provisional/revisión de evidencia con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios acusándolos de conspiración para traficar drogas hacia su país, recibir sobornos y contar con la colaboración político-electoral del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura del Estado.

No penal, pero si política es la repercusión que enfrenta la gobernadora Panista de Chihuahua, María Eugenia (Maru) Campos por no atender la invitación que le hizo el Senado para dar su versión sobre el caso de los dos agentes de la CIA que fallecieron el pasado día 19 de abril en un accidente después de participar con las autoridades estatales en el desmantelamiento de un narco laboratorio.