Por: Ricardo Monreal Avila
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En el marco de la celebración del nuevo acuerdo comercial (T-MEC), entre México, Estados Unidos de América y Canadá, ha surgido puntos de fricción por las nuevas cláusulas aprobadas.
Los representantes del Estado mexicano han estado pendientes de cada uno de los movimientos realizados en el vecino país del norte para lograr un trato justo entre los países contratantes.
Por el contrario, los detractores de tales esfuerzos están buscando generar polémica respecto de estos asuntos, obedeciendo a intereses no revelados.
Uno de estos asuntos espinosos ha sido el relacionado con los agregados laborales propuestos como personal diplomático de la Embajada estadounidense en México.
En algunos medios de comunicación se describió la inclusión de esta figura como un “madruguete” del gobierno de la Unión Americana hacia nuestro país. Sin embargo, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana solicitó una aclaración respecto de las eventuales funciones de tales agregados, debido a la incertidumbre —sobre todo jurídica— que generó durante el fin de semana pasado la propuesta de ley enviada por el presidente Donald Trump a su Congreso.
La preocupación en los círculos empresariales fue evidente y, ante la falta de claridad, se ha pretendido denostar el papel de la administración pública federal en el tema, lo cual no tiene fundamento alguno, puesto que el gobierno mexicano ha realizado de manera oportuna los señalamientos correspondientes a sus homólogos estadounidenses.
La aparente insistencia de Estados Unidos por establecer una inspección laboral de su gobierno sobre suelo mexicano ha despertado inconformidades diversas en los círculos políticos de nuestro país, toda vez que el pretendido escrutinio sería violatorio de nuestra soberanía nacional y, si fuera el caso, no tendría margen de aceptación en territorio nacional.
No obstante, Robert Lighthizer, quien es representante y negociador comercial de Washington, hizo llegar una carta a Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, en la que aclara cuál sería el carácter o naturaleza y las funciones de los agregados laborales que estarían adscritos a la Embajada estadounidense en nuestro país.
Para mayor ilustración, la respuesta enviada al subsecretario Jesús Seade, se reproduce a continuación:
“Estimado subsecretario Seade: Escribo en respuesta a su carta del 14 de diciembre de 2019 con respecto a la legislación de implementación que la Administración Trump presentó al Congreso la semana pasada en relación con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.
“Como es típico en las embajadas de los Estados Unidos en las principales capitales extranjeras, la Embajada de los Estados Unidos en México actualmente alberga agregados de más de una docena de agencias federales, incluido el personal de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesorería y Justicia. Estas personas brindan experiencia técnica para apoyar la misión diplomática de Estados Unidos en México. El Gobierno de EU ha puesto personal en varias embajadas de todo el mundo, incluido en México, para ayudar a los gobiernos extranjeros a mejorar las condiciones de trabajo. México, a su vez, tiene muchos agregados en Estados Unidos desde la Secretaría de Gobierno de México, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Administración incluyó lenguaje en la legislación de implementación del T-MEC que autoriza hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluso proporcionando asistencia técnica y desembolsando fondos para el desarrollo de capacidades y brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de EU. Estas personas no serán `inspectores de trabajo´ y cumplirán con todas las leyes mexicanas relevantes”.
“Como sabe, el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, el primero de su tipo, específico para la instalación, permite que un panél independiente compuesto por tres personas, elegido por ambas partes, solicite verificaciones in situ en cualquiera de nuestros tres países cuando haya preguntas de buena fe sobre si se les están negando derechos laborales a trabajadores de algún punto en particular. Pero esas verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales.
“El T-MEC es un gran acuerdo para Estados Unidos y México. Espero con interés trabajar con usted y sus colegas para garantizar que el acuerdo entre en vigor lo antes posible. Sinceramente, Robert E. Lighthizer”.
De esta misiva por parte de quien está cargo de la negociación estadounidense, queda claro que los fines de la figura propuesta son meramente de cooperación, puesto que los mencionados agregados “no serán inspectores de trabajo” y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas. Recalca el funcionario que, en materia de derechos laborales, los países contratantes elegirán un grupo de “panelistas” independientes —los cuales no formarán parte de ninguno de los gobiernos—, con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo comercial en puntos específicos.
La carta tranquilizó los ánimos en México y volvió a dar certidumbre a los mercados. El peso ganó algo de terreno frente al dólar —aun cuando en la coyuntura se atestigua una gran demanda de la divisa estadounidense—; un avance que no se había visto en varios años. El rol de los nuevos agregados estará delimitado por las leyes mexicanas, y su experiencia y conocimiento técnico podrán ser empleados para el desarrollo de la reforma laboral de gran calado en nuestro país. A diferencia de lo vaticinado por los detractores, quienes personificarán esta nueva figura diplomática estarán lejos de ser una especie de “sheriffs laborales”, por lo que la soberanía nacional en este tema tampoco se verá comprometida.