Columna de Hierro.
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CUERNAVACA, MOR, 23 09 2026.- Lo que comenzó como un conflicto académico en la Escuela Normal Rural “General Emiliano Zapata”, de Amilcingo, terminó este miércoles con vidrios rotos, pintas, fuego, calles bloqueadas y una denuncia ante la Fiscalía.
El problema tiene nombres.
Cristina Quiroz Vergara, quien se desempeñaba como encargada de despacho de la dirección de la Normal Rural, dejó el cargo después de que académicos y administrativos exigieran su salida.
Las estudiantes, por el contrario, la respaldaron.
En su lugar fue designada Ana Cecilia Ocampo Avilés, nombramiento rechazado por las Normalistas, quienes sostienen que no fueron tomadas en cuenta y reclaman transparencia en el proceso de designación.
Hasta ahí estamos frente a un conflicto educativo.
Un conflicto que debió resolverse mediante negociación, diálogo y acuerdos.
Pero salió de las aulas y llegó a las calles.
Las estudiantes de Amilcingo han recibido además el respaldo de integrantes de otras Normales Rurales del país, ¿de Ayotzinapa? agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Para llegar a Cuernavaca fueron utilizados diversos vehículos, entre ellos camiones materialistas de volteo que posteriormente fueron colocados para bloquear vialidades del centro de la capital morelense.
Aquí habrá que investigar algo fundamental:
¿Cómo fueron obtenidos esos vehículos?
¿Sus propietarios y operadores los entregaron voluntariamente?
¿Fueron retenidos?
¿Hubo amenazas?
¿Quién ordenó utilizarlos para bloquear?
Eso deberá esclarecerlo la autoridad antes de adjudicar responsabilidades.
Porque después vino lo más grave.
En el Zócalo de Cuernavaca, la protesta escaló. Fueron rotos cristales del Palacio de Gobierno, hubo pintas y lanzamiento de objetos, mientras en la Plaza de Armas fueron incendiados colchones y llantas.
Las estudiantes sostuvieron que la reacción ocurrió después de que les cancelaron de último momento una audiencia previamente acordada con la gobernadora Margarita González Saravia.
Pero una reunión cancelada no puede convertirse en licencia para destruir.
El derecho a manifestarse debe respetarse.
El derecho a inconformarse debe respetarse.
Incluso el derecho a gritarle al poder debe respetarse.
Pero romper cristales, incendiar objetos o causar daños al patrimonio público rebasa la expresión pacífica de una protesta.
Y por eso el asunto cambió de cancha.
El Gobierno del Estado presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía y se inició la Carpeta de Investigación correspondiente contra quien resulte responsable.
Ahora corresponde al Ministerio Público determinar qué conductas pueden constituir delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad corresponde individualmente a cada persona.
Sin generalizaciones.
Sin fabricar culpables.
Pero tampoco con impunidad.
Porque sería igualmente grave pretender responsabilizar colectivamente a todas las estudiantes de Amilcingo por los actos de algunas personas que participaron en la movilización.
Las responsabilidades penales son individuales y deben probarse.
Y todavía queda el otro expediente.
El político.
¿Por qué un conflicto que comenzó el 17 de Agosto con el paro de trabajadores académicos y administrativos llegó hasta el 23 de Septiembre sin una solución definitiva?
¿Por qué se permitió que creciera?
¿Por qué las partes no pudieron alcanzar un acuerdo?
¿Falló el IEBEM?
¿Falló la Secretaría de Educación?
¿Fallaron las estudiantes?
¿Fallaron todos?
Las Normalistas también tienen preguntas que responder.
Una causa que consideran justa no convierte automáticamente en legítimos todos los métodos utilizados para defenderla.
Y el Gobierno tampoco puede quedarse únicamente con la carpeta de investigación.
Resolver los daños de Palacio no resuelve el conflicto de Amilcingo.
Hoy existen dos problemas distintos.
Uno debe resolverse en una mesa de negociación.
El otro tendrá que investigarse en el Ministerio Público.
En el primero debe prevalecer el diálogo.
En el segundo, la Ley.
Porque cuando un conflicto escolar necesita camiones para bloquear una ciudad, fuego en una plaza pública, cristales rotos y finalmente una carpeta de investigación, significa que algo falló mucho antes de que volara la primera piedra.
La Normal de Amilcingo necesita volver a sus aulas.
Los daños deben investigarse.
Los responsables, si los hay, deberán responder.
Y el Gobierno tendrá que demostrar que en Morelos se puede garantizar simultáneamente el derecho a protestar y el cumplimiento de la Ley.
Porque el conflicto comenzó en una escuela.
Pasó por las calles.
Llegó al Palacio de Gobierno.
Y terminó, por ahora, en la Fiscalía…
(Y voy por más)
eusebiogimeno@gmail.com