Una iniciativa del diputado Eduardo Santillán (Morena) propone eliminar parte del artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de México y diversos artículos de leyes locales. El objetivo es acabar con la creación de los juzgados tutelares en materia de derechos humanos.
De aprobarse tal iniciativa, se eliminaría el numeral 3 del artículo 36 de la Constitución local, el cual establece que en los juzgados de tutela cualquier ciudadano podrá interponer quejas para “reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita”.
Santillán también propuso eliminar dos párrafos del artículo 23 transitorio de la Constitución local, en los que se establece que los 16 juzgados de tutela deben instalarse a más tardar el 31 de julio de este año.
Además, la iniciativa también propone eliminar los artículos que se refieren a los juzgados tutelares de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir, del artículo 66 al 77. En este último, por ejemplo, se señala: “El Consejo de la Judicatura (…) establecerá cuando menos 1 juzgado de tutela en cada una de las demarcaciones territoriales (alcaldías)”.
El argumento central que presentó Santillán es que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es “la encargada de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, la Constitución Local y las leyes, (…) de allí que la figura de las y los jueces de tutela no resulta viable”.
El vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, señaló que si bien la Comisión de Derechos Humanos local “tiene cierto ámbito de competencia particular, los tribunales son para atender los casos específicos y sus sentencias son vinculatorias, por eso los constituyentes pensaron en tribunales en lo específico para atender las violaciones a los derechos humanos”.
La iniciativa fue presentada por Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el 13 de diciembre pasado, cuando la atención del Congreso de la Ciudad de México estaba en las negociaciones sobre el Presupuesto de Egresos de 2020.
Luego, el pasado 9 de junio, el propio Santillán reconoció en una reunión de trabajo de dicha comisión que no se habían presupuestado recursos para los juzgados de tutela.
Ayer, en entrevista, el diputado de Morena expresó que se hizo un análisis del tema en enero, “para determinar cuál va a ser el mecanismo de implementación, es decir, no se van a suspender los juzgados de tutela”.
Sin embargo, defendió que ya existe un mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos “que es el amparo; hay una parte de la comunidad jurídica que considera que el amparo cumple con la protección jurisdiccional de los derechos humanos”.
«Me parece que se abusó del planteamiento de generar más burocracia. Desde mi punto de vista mayores derechos no implican más burocracia y más gasto”.
Consideró que el Congreso local se está enfrentando al reto de “hacer compatibles las disposiciones constitucionales con la austeridad, y eso implica un ejercicio más amplio”.
Con la iniciativa, que no ha sido dictaminada, pero sí presentada ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y sin presupuesto económico para su instalación, Satillán plantea que en lo que resta del año “habrá entre dos y cuatro juzgados de tutela funcionando, a costos compensados y que paulatinamente se cumpla la meta de los 16 juzgados. Yo creo que nos llevará un par de años tener los 16 juzgados”.
Sin embargo, no ha dado a conocer una nueva iniciativa que dé soporte legal a dichos cambios.
Para desaparecer los juzgados tutelares, la iniciativa prevé derogar dos párrafos del artículo 23 transitorio de la Constitución de la CDMX, los cuales dicen:
«El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, mismos que deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020”.
«La competencia de dichos juzgados, así como el procedimiento que deberá seguirse ante éstos para el ejercicio de las acciones de protección efectiva de derechos, se regularán en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
También plantea derogar el numeral 3 del artículo 36, así como derogar los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Tabién implicaría derogar los artículos 25,26, 27 y 35 de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la ciudad y derogar el artículo 21 y 22 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos.
La diputada Leticia Estrada (Morena) presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar la Ley Condominal de la Ciudad de México, para que los departamentos no puedan usarse “en contravención a su destino y uso de suelo autorizado, al hacerlo servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la Escritura Constitutiva del Condominio”.
Ante este planteamiento, la panista Patricia Báez, quien es presidenta de la Comisión de Turismo, expuso que si se aprueba la iniciativa se arruinará todo el esfuerzo que ha hecho el poder Legislativo junto con la Secretaría de Turismo local para regular las plataformas de hospedaje turístico.
«Estos diputados quieren acabar con todo lo que genere algún dinero a los capitalinos, sobre todo ahora que tanta falta hace, en medio de la peor contingencia de salud que se ha visto”, señaló Báez.
La legisladora expuso que en términos de ingresos, Airbnb genera ganancias de alrededor de mil 200 millones de pesos en la ciudad, una derrama económica que ya impulsa a otros sectores, como el de la alimentación y el entretenimiento.
FUENTE ; AGENCIAS
CANDELERO 21.07.2020