Columna de Hierro
x-x-x-x-x
CUERNAVACA, MOR. 19 10 2026.- Margarita González Saravia tiene un gabinete jurídicamente preparado, pero insuficiente políticamente para gobernar un Estado tan complejo como Morelos.
Los acontecimientos recientes han puesto al descubierto una preocupante falta de operación política, capacidad de negociación y anticipación de conflictos en las áreas encargadas de mantener la gobernabilidad.
El problema de Morelos no se resuelve solamente enviando más policías, soldados o elementos de la Guardia Nacional. La violencia que estalló en Totolapan y otros municipios del oriente exhibió una crisis mucho más profunda.
El crimen organizado ha acumulado una capacidad de presión que obliga a revisar no sólo la estrategia de seguridad, sino también el funcionamiento de las instituciones y la conducción política del Estado.
Margarita lo recibió con enormes problemas heredados de varias administraciones. La corrupción, la delincuencia y la descomposición de las instituciones no nacieron con su gobierno. Sería injusto responsabilizarla de todo. Pero han transcurrido dos años de su administración y resulta legítimo preguntarse qué tanto ha conseguido corregir y, sobre todo, si cuenta con los colaboradores adecuados para hacerlo.
En el centro de esta revisión aparecen dos funcionarios: Héctor Javier García Chávez, conocido como El Gato, jefe de la Oficina de la Gubernatura, y Edgar Antonio Maldonado Ceballos, secretario de Gobierno. Ambos ocupan posiciones fundamentales en la estructura política del Poder Ejecutivo.
La Jefatura de la Oficina adquirió su actual relevancia durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, cuando José Manuel Sanz Rivera, antiguo representante del futbolista, fue colocado al frente de una dependencia con amplias atribuciones de coordinación. Margarita conservó esa estructura y nombró a García Chávez, un veterano militante de izquierda, exdiputado y conocedor de la actividad partidista, cuya trayectoria incluye responsabilidades políticas en distintas entidades.
Pero la militancia, el conocimiento de los partidos y los años de experiencia no equivalen necesariamente a resultados en la coordinación de un gobierno. La propia ley establece que la Jefatura de la Oficina debe coordinar al gabinete, dar seguimiento a las políticas públicas y servir de enlace con los demás poderes. Son responsabilidades enormes, cuyo cumplimiento tendría que evaluarse públicamente.
La otra pieza es la Secretaría de Gobierno. Al iniciar su administración, Margarita contó con Juan Salgado Brito, político morelense de larga trayectoria, exalcalde de Cuernavaca, legislador y conocedor de los grupos políticos, sindicales y sociales del Estado. Salgado sabía que la gobernabilidad no se construye exclusivamente desde un escritorio, sino mediante acuerdos, relaciones personales y negociaciones muchas veces difíciles.
Su fallecimiento, en octubre de 2025, dejó un vacío considerable en la operación política del gabinete.
Para sustituirlo, la gobernadora designó a Edgar Maldonado Ceballos, abogado con preparación académica y experiencia en responsabilidades jurídicas. Había sido Consejero Jurídico del Gobierno y posteriormente Fiscal General del Estado. Su formación profesional es importante, pero administrar las leyes y conducir políticamente una entidad son tareas diferentes.
Un Secretario de Gobierno necesita conocer a los Presidentes Municipales, las organizaciones sociales, los sindicatos, los grupos empresariales, los dirigentes partidistas y los intereses que se enfrentan dentro y fuera del propio gobierno. Necesita experiencia para desactivar conflictos antes de que se conviertan en crisis.
El reciente episodio del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos constituye un ejemplo de lo que debe investigarse. La designación de Carlos Franco Ruiz provocó tres días de protestas y la toma de instalaciones, hasta que el funcionario terminó separándose del cargo. El diálogo permitió resolver el conflicto, pero quedó pendiente una explicación convincente de por qué no fueron advertidas o atendidas previamente las inconformidades.
Y después llegó Totolapan, con bloqueos, incendios, agentes retenidos y la liberación de un detenido para proteger vidas humanas. Una decisión de emergencia que podrá discutirse desde distintos ángulos, pero que también obliga a revisar la inteligencia, la coordinación institucional y los mecanismos de prevención.
No sería serio atribuir todos estos acontecimientos a dos funcionarios. Tampoco ignorar que existen esfuerzos de coordinación y acuerdos gubernamentales. Lo que corresponde es comprobar sus resultados, identificar las fallas y establecer las responsabilidades de cada dependencia.
Morelos necesita una Fiscalía que investigue, policías que protejan, instituciones que no toleren la corrupción y, fundamentalmente, una estructura política capaz de anticipar y resolver los conflictos sin esperar a que estallen.
Margarita González Saravia tiene la facultad de nombrar y remover colaboradores, redistribuir responsabilidades y exigir resultados. Puede aprovechar la experiencia de quienes han trabajado durante décadas en la política morelense, sin confundir la lealtad personal con la capacidad de gobierno.
No se trata de pedir su renuncia ni de convertir cada crisis en una condena personal. Se trata de examinar si la estructura que escogió para conducir Morelos está respondiendo a las necesidades del estado.
Porque los ajustes de gabinete no deberían hacerse únicamente cuando las presiones resultan insoportables. También pueden ser una decisión preventiva de gobierno.
La gobernadora todavía tiene tiempo para revisar la columna vertebral de su administración. La responsabilidad de hacerlo, o de mantenerla como está, es exclusivamente suya.
(Y voy por más).
eusebiogimeno@gmail.com