¿De qué acusan hoy priistas y panistas a MORENA? De lo mismo que la izquierda (desde el PSUM hasta MORENA, pasando por el PRD) acusó al prianismo en las últimas dos décadas.
¿De qué acusan al gobierno mexicano en EE. UU., tanto Demócratas como Republicanos, desde por lo menos los años ochenta del siglo pasado?
La etiqueta de “narcopartido” y “narcogobierno” ha sido utilizada alternadamente por la oposición mexicana contra los gobiernos en turno y es la bala de plata con la que Washington presiona a México desde hace años para enfrentar su grave problema de salud pública de adicciones a las drogas ilícitas (que en el caso del Fentanilo ha provocado cien mil personas muertas por año), pero también, de paso, para tomar ventaja en otros campos de interés estratégico (migración, energía, petróleo, tierras raras, etcétera).
Cuando el director de la DEA, Terrance Cole, señala que funcionarios y narcotraficantes mexicanos “llevan años durmiendo en la misma cama”, se le olvida mencionar que, en muchas ocasiones, el colchón, el edredón y las almohadas son proporcionados por ellos mismos, como sucedió en el caso del rancho El Búfalo, en Chihuahua, en 1985, o en todas las operaciones encubiertas como Irangate, Rápido y Furioso, o con la reciente “sustracción” del Mayo, en los cuales los métodos y recursos utilizados no pasan la prueba de la legalidad ni la aduana del Congreso estadounidense.
La diferencia es que ahora la bala de plata está en el cilindro de un arma ideológico-política de ultraderecha, con una mira telescópica sesgada en contra de Movimientos, Gobiernos y Partidos que tienen una orientación Nacionalista, Popular o Progresista.
Desde hace dos años, la etiqueta de “narcocandidato” y “narcopartido” ha sido colocada a los abanderados y movimientos de izquierda en las elecciones de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y seguramente el calificativo será reciclado en las próximas elecciones en Brasil.
En el caso de México, la campaña de “narcopresidente” y “narcocandidata” empezó el 6 de enero de 2024 en cuentas de EE. UU., justo cuando varios simpatizantes del movimiento MAGA se aprestaban a recordar el intento de asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, evento que dejó cinco personas muertas, 140 policías heridos y daños materiales millonarios. La campaña de “narcopresidente AMLO” se movió después desde Argentina, Brasil y España.
En las elecciones de 2024, la alta aprobación de AMLO, los atributos personales de la entonces candidata Claudia y el implante territorial de MORENA lograron superar aquella embestida digital, fincada esencialmente en granjas pagadas de bots. No prosperó, pero la nube tóxica de opinión allí quedó y sigue circulando profusamente.
La complejidad del fenómeno admite, cuando menos, tres aristas fundamentales: la naturaleza de esta estrategia de deslegitimación, sus costos prácticos para la cooperación bilateral y el camino concreto hacia una política de Estado que trascienda las etiquetas.
Cuando el arma es la palabra, resulta sencillo reiterar las estrategias de deslegitimación. La acusación de narcopartido utilizada alternadamente por priistas contra panistas, por panistas contra priistas y ahora por ambos contra MORENA revela un patrón más profundo que una simple disputa partidista: es la admisión implícita de que el narcotráfico se ha convertido en el principal vector de deslegitimación política en México. Quien controla la narrativa de la «infiltración criminal» puede descalificar a su adversario sin necesidad de
probar complicidad, apelando a una sospecha generalizada que el ciudadano no puede verificar fácilmente.
Sin embargo, existe una capa adicional de complejidad: esta misma estrategia es utilizada por Washington para presionar a México en múltiples frentes. El estigma de narcogobierno no solo busca desacreditar a una administración específica; busca condicionar la cooperación bilateral, establecer relaciones asimétricas y justificar eventuales injerencias. Es, en esencia, una herramienta de política exterior que reviste de legitimidad moral lo que en el fondo es un cálculo geopolítico: el control de recursos estratégicos, la regulación de flujos migratorios y la definición de quién dicta las reglas en la región.
El costo de la politización de esta problemática se agrava cuando la etiqueta oscurece el problema real; el gran daño colateral de esta dinámica es que el debate público se desplaza del problema real —las adicciones, las muertes por Fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas— hacia una pelea de etiquetas que no resuelve nada. Mientras políticos y comentaristas lanzan acusaciones utilizando abusivamente la palabra narco, el fenómeno criminal se fortalece.
La politización del narcotráfico ha generado tres distorsiones graves que merecen ser desglosadas:
Primera, sustituye el análisis por el linchamiento mediático: en lugar de estudiar las rutas del Fentanilo o los flujos financieros ilícitos, se debate si tal o cual funcionario «durmió en la misma cama» que los capos.
Segunda, impide la cooperación técnica: los equipos de inteligencia y procuración de justicia de ambos países operan con desconfianza mutua, porque cada intercambio de información puede ser utilizado políticamente en los diferentes medios de comunicación.
Tercera, alimenta el cinismo ciudadano: cuando todos los gobiernos son acusados de lo mismo, la población termina por normalizar la corrupción como un destino inevitable.
La peor forma de enfrentar un problema tan serio de salud pública, que envenena cíclicamente la relación México-EE. UU. y amenaza la seguridad ciudadana y nacional de ambos países, es la continua politización y partidización del problema del narcotráfico, tanto en el país vecino como en el nuestro.
Están dadas las condiciones para promover una política de Estado, no de etiquetas partidarias, que atienda el combate y la prevención del tráfico de drogas de manera integral, binacional y continental, atendiendo las causas, con resultados tangibles, sin amagos injerencistas y respetando las soberanías de ambos países. Faltan dos v: visión y voluntad. Sobran tres b: banalidad, befa y bravuconería.
La política de Estado en comento debe construirse sobre cuatro pilares concretos:
Despartidización del discurso: los acuerdos binacionales en materia de drogas deben ser respaldados por todas las fuerzas políticas, con independencia de quién ocupe la Presidencia.
Enfoque de salud pública: la evidencia internacional demuestra que los modelos prohibitivos y militarizados han fracasado. México debe liderar un cambio de paradigma que coloque la prevención, el tratamiento de adicciones y la reducción de daños en el centro de la estrategia.
Corresponsabilidad real: se debe exigir a Estados Unidos un control efectivo de armas y un combate serio al lavado de dinero, no como concesión, sino como parte de una estrategia común.
Institucionalización de la cooperación: crear mecanismos permanentes de diálogo y evaluación que no dependan de la coyuntura electoral ni de la afinidad ideológica entre los mandatarios de turno.
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