La Universidad Autónoma del Estado de Morelos volvió a clases, entró en una tregua. Pero aún falta hacer justicia y ofrecer seguridad a la comunidad que alberga en sus campus. Y conviene llamarla por su nombre, porque las treguas -a diferencia de las soluciones- son frágiles, reversibles y dependen más del ánimo que de las estructuras.
El detonante fue brutal y concreto: el asesinato de Kimberly Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Comercio y Administración, atacada a la salida del campus Chamilpa; y el de Karol Toledo Gómez, alumna de otro campus en Mazatepec.
Dos crímenes en días distintos, en espacios distintos, pero con un mismo efecto: romper la sensación mínima de seguridad dentro y en los alrededores de la universidad. Ahí comenzó todo.
Tras semanas de paro, presión social y desgaste institucional, la rectora Haydee Viridiana León logró salir del atolladero. No fue casualidad: se apoyó en asesoría externa, tanto en comunicación de crisis como en operación universitaria. Eso le permitió algo fundamental en escenarios así: ordenar el mensaje, reducir el ruido y construir un acuerdo mínimo que hiciera posible el regreso a clases.
Pero un acuerdo mínimo no es un punto de llegada; es apenas un punto de contención.
La Universidad sigue siendo una bomba de tiempo. No por vocación conflictiva, sino porque las condiciones que detonaron la crisis -inseguridad, desconfianza, fragmentación interna- no desaparecen por decreto. Se administran. Y cuando se administran mal, regresan.
El aprendizaje es claro: en contextos de alta sensibilidad, la gobernabilidad universitaria no depende solo de reglamentos o jerarquías formales, sino de legitimidad. Y esa legitimidad hoy está repartida, disputada y condicionada.
Ahí entra un actor clave: La Resistencia. El nuevo bloque estudiantil que desplazó a la FEUM no solo capitalizó el momento; ahora carga con la responsabilidad de sostenerlo. Pasar de la protesta a la corresponsabilidad es la prueba más difícil para cualquier movimiento. Porque exigir es relativamente sencillo; administrar expectativas, no.
Del lado institucional, el margen de error es prácticamente nulo. La rectora y su equipo deberán sostener canales abiertos, cumplir compromisos y, sobre todo, evitar la tentación de interpretar el regreso a clases como una victoria. No lo es. Es, en el mejor de los casos, una pausa.
En el entorno político, la presión tampoco desaparece. La gobernadora Margarita González Sarabia, el secretario de Gobierno Edgar Maldonado y las autoridades de seguridad llegan a esta tregua con desgaste acumulado.
La salida de Miguel Ángel Urrutia es un síntoma, no una solución. Y la actuación de la Fiscalía, encabezada por Fernando Blumenkron, debe redoblar los esfuerzos de las indagatorias, hasta que caigan todos los culpables ( solo hay un detenido del primer homicidio) debe completar la averiguación y hacer justicia.
El costo económico y social del paro ya está hecho: comercios golpeados, servicios paralizados, semanas académicas perdidas. Pero el costo más delicado es intangible: la percepción de vulnerabilidad dentro y fuera de la universidad.
La paz real requiere algo más que acuerdos coyunturales: necesita resultados verificables en seguridad, justicia y gobernanza interna.
La UAEM respira. Pero es una bomba de tiempo que Hay de Viridiana tendrá que manejar con delicadeza, para evitar el riesgo de una nueva explosión.
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