A mediados de enero de este 2019 y a fin de emprender una estrategia para resolver la «Crisis del Huachicol», «ante la gravedad de del problema de las tomas clandestinas y actos de sabotaje para provocar el desabasto», según lo declaró el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 19 de enero pasado.
El monto de la adquisición, fue estimado desde entonces en 92 millones de dólares.
Fueron cuatro funcionarios de primer nivel los responsables de ir a Estados Unidos a cotizar, cotejar precios y ponderar ventajas y condiciones tecnológicas de los equipos para transportar el combustible de Pemex. ¿Y qué funcionarios!: el propio Canciller Marcelo Ebrard, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y la Oficial Mayor de SHyCP.
El criterio que se atendió y que partió del propio titular del Ejecutivo fue que se volvería al transporte del hidrocarburo mediante pipas y hasta por ferrocarril, porque no se tenía el control en ese momento de los ductos (gasoductos y oleoductos) mediante el cual se llevaba a cabo el grueso de la distribución de los productos de Pemex y que, gracias a eso, la región del bajío y el occidente habrían quedado desbastecidas. Así como para quitarle al sindicato petrolero el control del muy reducido número de pipas con que cuenta ya la paraestatal, dado que se había privilegiado en los últimos años, el uso de los ductos para el abasto y para favorecer el fenómeno del «Huachicol».
Cual si se tratara de un gobierno con las características y dimensiones del municipio de Huimanguillo o de Acayucan, paradójicamente se comisiona a funcionarios con obligaciones más sustantivas dentro de la administración pública federal.
Poco tiempo después, a principios de febrero se supo que se habrían adquirido no nomás 500 -como anunció el Presidente – sino 671, las cuales estarían llegando al país escalonadamente por flotillas de decenas de unidades, para irse gradualmente integrando a la paraestatal conforme se cubrieron las adecuaciones legales para que circulasen por las carreteras nacionales.
Para finales de marzo se sabía que de las 671 pipas que Pemex adquirió, sólo 69 ya estaban funcionando y 280 pipas ya habían llegado al territorio nacional y faltaban por llegar 382 vehículos.
De esas 280 ya en la geografía mexicana, 211 estaban para esos días en proceso de verificación, calibración, rotulación y emplacamiento.
Para esta fecha, en la postrimería de agosto, se han incorporado todas las pipas adquiridas. Pero para ello, el Gobierno Federal tuvo que salvar otro incidente, aún más grave.
El gobierno de la 4 T hizo una «machincuepa» legislativa para poder justificar y darle funcionalidad al desembolso de 92 millones de dólares que habrían hecho, ni más ni menos, cuatro de los más importantes miembros del gabinete; entre ellos Marcelo Ebrard, el más conspícuo colaborador y uno de los más posibles abanderados por Morena a suceder en el cargo a López Obrador.
Cabe señalar que la Norma Oficial Mexicana 012 (NOM 012) en materia de autotransporte de sustancias químicas consideradas como peligrosas, acota lo dispuesto por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su respectivo Reglamento, desde el 22 de Junio del año 2016, estableciendo que la SCT y no autorizaba la utilización de pipas de llantas «Supersencillas», tal y como las adquiridas por la «Supercomisión de Secretarios», para las pipas de Pemex; la autorización de la llanta «Supersencilla» se dio a partir de lo publicado en aquella fecha en el Diario Oficial de la Federación, aplicaba en el resto de los giros del autotransporte, a excepción de los vehículos que transportan hidrocarburos de Pemex. La explicación, muy sencilla: Se habrían incrementado ya los accidentes mortales en carreteras provocados por el exceso de vehículos de carga y autotransporte, sin considerar que las pipas son las que más incurren en estos y que sus conductores, no aplican las normas mínimas de cuidado.
Tuvo que legislar (cabildear y votar) de manera urgente, para emitir un Acuerdo legislativo, para modificar la NOM 012 que toda vez que el Primer Mandatario les habría dado la instrucción de ir a efectuar la compra en plena conferencia mañanera y al no cumplir con suficiencia y por el contrario, al haber desembolsado 92 millones de dólares para comprar pipas que legalmente no son aceptadas para circular en carreteras nacionales por razones de seguridad.
Es así como el 5 de febrero pasado, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación, la modificación de la NOM 012, mediante ACUERDO, para que sí puedan circular por caminos nacionales, las 671 pipas adquiridas para Pemex y con ello, que la operación de 92 millones de dólares hecha por la «Supercomisión», no dejara en entredicho al recién inaugurado gobierno de la honestidad y la transparencia.
Por eso puede decirse que 92 millones es el costo que además tuvimos que pagar por incrementar el riesgo en carreteras.
Riesgo de por sí ya alto, dado que no hay adecuaciones a la citada Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que regulen el tráfico y las normas mínimas de seguridad de los famosos «doble remolque»; ahora se incrementa aún más ese riesgo, pues al gran tráfico de camiones pesados, ahora se suman las 671 pipas que contienen características de mucha inseguridad, pues su llanta «Supersencilla», (de una sola llanta trasera), incrementa la posibilidad de que al poncharse ese neumático, tenga que quedar varada u orillada la pipa; lo cual incrementa el riesgo también de las pipas puedan ser atracadas y vaciadas por la delincuencia organizada, como está pasando ya en algunas carreteras de Puebla y el bajío; eso en el mejor de los casos en que ante la emergencia de la ponchadura, no le provoque a sí mismo o a terceros la posibilidad, de choques, colisiones, derrapes o incendios.
De tal suerte, que para no perder 92 millones de dólares de la «brillante operación de compra-venta» de la «supercomisión » aquella, tenemos que afrontar más riesgos de tragedias en carretera.
FUENTE ; NOTIMEX , CANDELERO 26-08-19