(Al Juez Roberto Elías Martínez, in memoriam).
El sábado pasado, el Juez de Control de Río Grande, Roberto Elías Martínez, fue asesinado en Zacatecas al salir de su domicilio.
Las primeras impresiones apuntan al uso de la violencia criminal por parte de la delincuencia organizada para acallar a sus juzgadores, pero el magistrado presidente del Tribunal de Justicia estatal señaló que el móvil podría estar relacionado con el homicidio de cinco jóvenes en una cancha de futbol rápido que se ubica al lado de la casa del juez asesinado, siendo el caso que este último, al escuchar los disparos, se cercioró de los hechos y llamó al 911, por lo que se cree que los criminales pensaron que podían ser delatados por él y actuaron en consecuencia.
En cualquier caso, una vez más se pone en evidencia la herencia de pasadas administraciones. Aunque la gravedad de sus efectos invita a imprimir mayores esfuerzos para cumplir a cabalidad con dos compromisos y, a su vez, principios primordiales de justificación del Estado: la seguridad y la justicia.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, en el pasado no se diseñaron las acciones, las medidas o los programas adecuados, porque no se contó desde un inicio con un buen diagnóstico; no se imprimió una visión garantista o pro-derechos humanos; no se elaboraron planes o estrategias incluyentes e integrales, optando inconvenientemente por el hermetismo y la secrecía.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su momento, durante su estancia en nuestro país y como parte de su informe preliminar, dio cuenta de las deficiencias estructurales del Estado mexicano en la materia.
Se señaló, entre otros asuntos, la falta de un adecuado diagnóstico; la ausencia de preparación en los cuerpos de seguridad pública y en los efectivos militares; la improvisación en materia de inteligencia y logística, y los altos índices de corrupción e impunidad que permean la administración pública en todos los órdenes de gobierno.
Un ejemplo paradigmático de lo anterior se puede encontrar en lo acontecido en el Operativo Conjunto Chihuahua, el cual reportó resultados realmente desastrosos, y solo mediante la filtración de los cables diplomáticos del departamento de Estado de la Unión Americana se pudo caer en cuenta de que el Ejército mexicano y las fuerzas de seguridad pública federal básicamente adoptaron el lugar de espectadores e, inexplicablemente, se dedicaron a presenciar la cruenta lucha entre los distintos cárteles, mientras la sociedad civil era azotada por el incontrolable terror y la violencia.
Asimismo, fue de dominio público que, por insistencia de EUA, se relegó al Ejército de la lucha anti narco en Juárez; cables revelaron la colaboración estadounidense para dejar al frente a la extinta Policía Federal.
La actual administración, reconociendo todos estos dislates, condujo el reconocimiento legal de un cuerpo civil con formación militar: la Guardia Nacional. Además, se ha dispuesto, como nunca, de unidades federales y estatales de inteligencia financiera, entre otros instrumentos jurídicos, para detectar el lavado de dinero.
El sistema de administración de justicia, por su parte, parece estar siendo asediado por el complejo marco de violencia estructural e inseguridad, lo que ha demandado seguridad privada, vehículos blindados y otras medidas especiales que no pueden ser cubiertas con el salario de Jueces o Magistrados, por lo que resultaría pertinente considerar figuras como la de Jueces o Tribunales Sin Rostro, para proteger y garantizar la imparcialidad de los impartidores de justicia, especialmente de quienes juzgan y sentencian a los acusados de narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo u otros delitos graves.
Sin embargo, se debe enfatizar cuán importante es no sucumbir a la tentación de afrontar el fenómeno delincuencial utilizando al Derecho Penal como una estrategia de persecución, concretamente a través de una visión de Derecho Penal que castigue a priori.
Lo anterior en virtud de que, si bien el sentido de las últimas reformas ha ido encaminado a modernizar el sistema de administración de justicia en nuestro país, para hacer efectivo el acceso a la justicia; limitar la impunidad y garantizar la certidumbre jurídica a las y los gobernados, también se han incluido instituciones jurídicas que victimizan de manera diferenciada a los sujetos que se alejan del tipo ideal de ciudadano, en términos de lo planteado por el jurista alemán Günther Jakobs (como la figura del arraigo y las restricciones a los derechos de los privados de su libertad por delincuencia organizada).
No obstante que los Tribunales Sin Rostro podrían ayudar a fortalecer institucionalmente al Poder Judicial y al sistema de administración de justicia en general, no sobra decir que tanto las Fiscalías como las policías encargadas de la prevención del delito requieren con urgencia una serie de reformas normativas y de transformaciones orgánicas, para arrancarlas de los aciagos últimos lugares en los diferentes índices de confianza en las instituciones.
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