En días recientes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un convenio de colaboración con las autoridades del Concejo Mayor de Cherán para reforzar la seguridad del municipio indígena mediante recursos estatales provenientes del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).
De acuerdo con el mandatario, se transferirán 7.2 millones de pesos directamente al Concejo Mayor, recurso acumulado de los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025. La inversión podrá ser utilizada para equipar a la Ronda Comunitaria, adquirir patrullas, uniformes, mejorar infraestructura, o atender cualquier necesidad que la comunidad considere prioritaria en materia de seguridad.
El convenio responde a una serie de reuniones sostenidas entre el gobierno estatal y autoridades comunales tras un escalamiento de la violencia en la región. Apenas el pasado 2 de julio, un miembro de la Ronda Comunitaria fue asesinado y otro resultó herido durante un ataque perpetrado por un grupo criminal en los límites de Cherán, en la zona conocida como Ciudad Perdida y Rancho del Pino.
Cherán se blinda tras ataque armado
Como reacción a los hechos de violencia perpetrados a principios de mes, la comunidad decidió endurecer sus medidas de seguridad interna, como la instalación de barricadas con horario restringido de paso y un toque de queda a partir de las 23:00 horas, vigente desde el 23 de julio. Esta decisión fue comunicada a través de lonas informativas colocadas en los accesos principales del municipio.
En respuesta a la situación, el estado también reforzó la presencia de corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército, tanto en Cherán como en municipios colindantes.
Ramírez Bedolla afirmó que el fortalecimiento de la seguridad en comunidades indígenas con autogobierno es una prioridad para su administración. Por ello, se trabajó en conjunto con diversas dependencias como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y representantes comunales para consolidar el acuerdo.
DIARIO DE MÉXICO