Durante tres décadas, la narrativa neoliberal sostuvo que los conceptos asociados al nacionalismo (soberanía, mercado interno, autodeterminación de los pueblos, aranceles, autonomía política, Estado nación, entre otros) pasaban al baúl de los recuerdos y que lo nuevo era la globalización (apertura comercial, reformas estructurales, integración regional, desregulación, outsourcing laboral, etcétera).
Diversos estudios sobre el grado de globalización de los países (como los de AT Kearney, el Índice KOF, el McKinsey Global Institute y el centro de estudios de la globalización que dirige en Yale el expresidente mexicano Ernesto Zedillo) muestran que las naciones más globalizadas también mantienen más barreras proteccionistas en ciertas áreas de su economía y en sus políticas interna, industrial y, últimamente, científica y tecnológica.
La globalización sin barreras es un mito; el Índice KOF de Globalización, del Instituto Económico Suizo, revela una paradoja: Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Austria y Singapur encabezan las economías más integradas al mundo, pero mantienen sofisticados mecanismos de protección en sectores estratégicos, desde la agricultura hasta la tecnología. Esto refrenda la tesis anterior.
Los centros promotores de la globalización exigen a países como México reformas que no se aplican en sus naciones. La evidencia es contundente: Estados Unidos, la economía más globalizada de la historia, intensificó en 2026 los aranceles bajo las Secciones 301 y 232 de sus leyes comerciales, con tarifas de hasta el 12.5 % a 60 economías, incluida la de México. Invocan “seguridad nacional” y “prácticas comerciales desleales”, mismos argumentos soberanos que, en boca de sus contrapartes, critican por anacrónicos o prehistóricos.
Más aún, estos centros buscan con mayor ahínco imponer a países en desarrollo, como México, la desregulación, el desmantelamiento o adelgazamiento estatal o la entrega irrestricta de los aparatos productivos y recursos estratégicos al mercado, como dispone el Consenso de Washington.
El caso más conocido es la política agropecuaria: potencias como Estados Unidos exigen eliminar apoyos considerados “proteccionistas” o “desleales”, mientras mantienen subsidios gubernamentales directos e indirectos a sus productores. Una fórmula cada vez más trillada: fuertes restricciones al comercio internacional o férreo proteccionismo interno, pero exigencias reiteradas de apertura ilimitada al exterior.
Lo mismo ocurre en los sectores financiero, automotriz, farmacéutico, energético y, recientemente, en la competencia encarnizada por controlar la banda 5G y las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas restricciones, barreras y protecciones arancelarias y no arancelarias de los países más “liberales” se imponen en nombre de conceptos asociados con la “anciana” y decimonónica soberanía: seguridad nacional, salud pública, razón de Estado, integridad territorial, “cúpula dorada” o defensa aérea antimisiles.
El proteccionismo como política de Estado en las potencias globalizadas ha sido constante, pero hoy cobra más fuerza. Tras la invalidez judicial emitida por la Corte Suprema en febrero de 2026 sobre el uso de la ley IEEPA, la administración estadounidense respondió de inmediato con un arancel global del 10 % a la mayoría de las importaciones. A la postre, el Ejecutivo reconfiguró su política comercial aplicando o ajustando gravámenes del 25 % a sectores estratégicos como el automotriz y los semiconductores, al tiempo que fijó impuestos especiales de hasta tres dígitos a productos farmacéuticos importados, sustituyendo progresivamente el recargo general por acuerdos bilaterales y medidas focalizadas.
No hay que ser más papistas que el papa ni más aperturistas que las amuralladas economías globales. De la globalización económica hay que tomar lo que a la soberanía nacional convenga y no abrirse ni adoptar ad nauseam reformas liberales que no aplican ni las naciones más globalizadas. En este sentido, el presidente Donald Trump es un ejemplo a seguir: reconstruye una de las potencias más globalizadas de la historia con una visión de soberanía nacional integral, que abarca desde asuntos migratorios internos hasta medidas de seguridad nacional que anteponen la integridad de su país a cualquier otra consideración.
Ímpetu nacionalista mostró también la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo, en el Zócalo capitalino, al centrar su discurso en la defensa de la soberanía mexicana —y contra toda injerencia exterior—, tras recordar que nuestra Constitución Política contempla pena máxima de cárcel para extranjeros que atenten contra ese principio.
El Índice KOF de Globalización, documentó cómo la “hiperglobalización” de las décadas de 1990 y 2000 desintegró las sociedades internamente, generando desigualdad y desconexión entre las élites y la ciudadanía. Su conclusión fue que la autosuficiencia absoluta es un camino al declive, pero la política industrial y las salvaguardas soberanas son herramientas legítimas para que los Estados definan su desarrollo.
México puede aprender de episodios históricos clave, como los últimos gobiernos de Santa Anna y la pérdida ingente de territorio en 1848, no como mera nostalgia, sino como advertencia operativa. La historia económica del siglo XIX demuestra que el proteccionismo de Friedrich List —despreciado por las potencias librecambistas— permitió a Alemania y Estados Unidos industrializarse frente a la hegemonía de la potencia industrial de entonces. China ha seguido una ruta análoga; se integró a la globalización sin renunciar al control estatal de sectores estratégicos.
Nuestro país no debe ser más aperturista que las amuralladas economías globales. La evidencia empírica respalda la posición presidencial: el Índice KOF muestra que la globalización económica se estancó tras la crisis de 2008, entrando en una era de “slowbalización” (o slowbalisation, en inglés) donde las barreras no arancelarias y los subsidios distorsivos proliferan. El proteccionismo selectivo no es un retroceso, es una adaptación racional a un mundo en el que las reglas del juego las escriben quienes las incumplen.
La defensa de la soberanía mexicana, con la pena máxima para personas extranjeras que atenten contra ella, no es un acto de xenofobia, es la lección aprendida de dos siglos de intervenciones y despojos. Como se señaló, tomar de la globalización lo que a la soberanía convenga. Nada más. Nada menos.
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