El Senado de la República recibió la mañana de este lunes las iniciativas de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó las propuestas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
La funcionaria destacó que las iniciativas contienen el instructivo procesal para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.
En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral, judicial, en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos”, dijo.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el 15 de octubre se emitirá la convocatoria del Senado para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial.
Los mexicanos tendrán una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 por ciento de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Senado emitirá una convocatoria para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación el 31 de octubre con cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos con procesos “abiertos y transparentes” con paridad de género.
En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de seis para cada juzgado y tribunal colegiado.
Y en febrero aprobarán los listados finales de cada poder para un total de tres candidatos de cada uno de los comités para los tribunales superiores y de dos para cada vacante de jueces y magistrados de tribunales colegiados y de circuito.
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe diseñar las boletas de los comicios, asignar espacios en radio y televisión, organizar foros de discusión de los candidatos y establecer límites de financiamiento personal.
Las campañas, según la reforma constitucional, no pueden recibir financiamiento público ni privado, ni contratar publicidad por su cuenta, por lo que solo podrán difundir su “trayectoria profesional, méritos y visiones” en medios digitales libres y en los espacios públicos designados.
Con información de López-Dóriga Digital