Jesús Te Ampare
XALAPA,VER.- El polémico senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, es como una “piedra porosa en el zapato” de la gestión de Rocío Nahle.
Cada vez que pisa tierra veracruzana, se deja ver y suelta la lengua para que su voz sea escuchada en la oficina principal de Palacio de Gobierno.
Con actitudes provocadoras, esboza la viabilidad de una consulta popular para determinar si la gobernadora siga o no al frente de la administración.
El nativo de Naolinco pide que a la mitad del mandato (2027), se evalúe su permanencia, “y lo tiene que hacer porque es una buena gobernadora y no va a tener miedo a que el pueblo decida si se sigue o se va al rancho del presidente (sic), como diría Andrés”, sostiene.
En Veracruz se homologó la ley federal con la local en 2020 –que incluía la revocación de mandato — pero por no realizar una indagación a pueblos originarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el acuerdo, por lo que en la entidad esa figura no está regulada.
Sin embargo, Huerta Ladrón de Guevara confía en que el Congreso convalide la reforma para ejecutar una consulta ciudadana y revisar la permanencia o remoción de Rocío Nahle.
En México, la revocación de mandato solo es aplicable a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La primera consulta celebrada en nuestro país (10 de abril de 2022) –propuesta por López Obrador desde su candidatura presidencial—fue organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de la solicitud generada con la recolección de 2.7 millones de firmas en 17 Estados del país.
Se preguntó al «pueblo sabio» sobre la conclusión anticipada del mandato de AMLO como presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Esa misma noche, en un conteo rápido, el INE estimó un intervalo de participación entre el 17.0 % y 18.2%, con amplia mayoría de que continuara López Obrador en la Presidencia, pero con resultados no vinculatorios al no alcanzar el 40% requerido por la ley.
La revocatoria debe favorecer a los ciudadanos y permitirles tener un mayor control sobre sus representantes, y garantizar que éstos actúen en beneficio del interés público.
Pero también puede ser utilizada por grupos políticos para presionar o remover a funcionarios que no comparten sus intereses.
Solo el senador Huerta, discípulo de AMLO, sabe lo que “juega” en sus desaseadas manos.
ceciliogarciacruz@hotmail.com