La creación de un registro público de infractores ambientales, que permita identificar a personas y empresas sancionadas por incumplir la legislación ambiental y limitar temporalmente su acceso a determinados beneficios del gobierno federal, es una de las principales novedades de la propuesta de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que discute la Cámara de Diputados.
Durante el inició de las Audiencias Públicas sobre esta legislación, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, destacó que con esto se busca fortalecer las herramientas del Estado para prevenir, investigar y sancionar los daños ambientales.
Explicó que el registro de infractores busca evitar que quienes hayan sido sancionados vuelvan a incurrir en conductas que afecten al medio ambiente y planteó que el mecanismo deberá ser discutido con los distintos sectores.
“Es un poco siguiendo la línea de los infractores fiscales, por ejemplo. En el caso ambiental es muy importante ver que no haya repetición. Lo que se trata es de eso, de tener un registro de manera tal de que si vemos que ya fue alguien que hizo algún daño o que cometió algún tema que requería una multa, una sanción, pues tengamos ese registro”, afirmó.
Reconoció que la propuesta genera inquietudes, particularmente entre las empresas, por lo que señaló que el tema será parte de la discusión con el sector privado.
“Ese registro vamos a discutirlo aquí también con el sector privado. Hay preocupación, por supuesto”, dijo.
Por su parte, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrel manifestó que la propuesta contempla que las personas incluidas en el padrón –que será público- puedan quedar impedidas temporalmente de acceder a determinados beneficios o apoyos del gobierno federal.
Añadió que este nuevo mecanismo busca que las sanciones tengan un efecto disuasorio y evitar la repetición de daños ambientales.
“Uno de los temas que se proponen es incrementar de manera significativa las multas, los montos de las multas, y también incluimos nuevas sanciones, como las anotaciones en el registro público de la propiedad y la creación de un registro de infractores ambientales… Las personas que estén dentro de este padrón de infractores no podrán acceder a beneficios o apoyos otorgados por el gobierno federal durante un periodo de tiempo”, señaló.
Boy sostuvo que esta medida forma parte de un cambio en el modelo de procuración ambiental, que ya no estaría concentrado únicamente en vigilar y multar, sino también en investigar, prevenir y reparar los daños.
Entre las nuevas facultades se encuentra, apuntó, un procedimiento de investigación que permitiría a la autoridad iniciar actuaciones con información obtenida mediante herramientas tecnológicas como fotografías, drones, mapas y sistemas de información geográfica.
La procuradora explicó que actualmente, aun cuando la autoridad cuenta con indicios de una posible afectación ambiental obtenidos mediante estos recursos, el procedimiento sancionador requiere una visita de inspección en el sitio.
“Esto obviamente retrasa la actuación de la autoridad y mientras tanto, pues se continúa este daño ambiental y esta afectación al medio ambiente”, señaló.
Con la reforma, reiteró la autoridad podría iniciar un procedimiento cuando cuente con información suficiente y sólida sobre una posible infracción.
Expresó que también incorpora medidas anticipadas para que las autoridades puedan actuar bajo el principio precautorio y contener una afectación ambiental antes de que el daño continúe. Entre las medidas mencionadas se encuentran el aseguramiento, la custodia y la clausura.
Otro de los cambios es trasladar al ámbito de los procedimientos administrativos las reglas de reparación del daño previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y el objetivo es que las autoridades puedan ordenar no sólo el pago de una sanción, sino la restitución de las condiciones ambientales afectadas y la recuperación de las funciones de los ecosistemas.
En tanto, el titular de la Unidad Jurídica de la Semarnat, René Sánchez Galindo, informó que la propuesta del Ejecutivo plantea aumentar de 269 a 331 artículos la legislación y contempla nuevos instrumentos de planeación ambiental, mecanismos de protección para personas defensoras y una ampliación de las herramientas de denuncia e investigación.
Finalmente aclaró que el Ejecutivo recibió 2 mil 44 comentarios sobre la propuesta, además de las aportaciones que se han comenzado a recabar en la Cámara de Diputados mediante el proceso de audiencias públicas.
Al evento también acudieron: la Subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental y la Subsecretaría de Regulación Ambiental de esta dependencia, Marina Robles e Ileana Villalobos, respectivamente.