La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la reducción de condena otorgada a Diego Urik Mañón Melgoza, responsable del feminicidio de la joven profesora michoacana Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020. El máximo tribunal del país determinó que no era procedente disminuir la pena de 50 años de prisión impuesta originalmente, luego de que un tribunal local la redujera a 42 años y seis meses.
La SCJN resolvió el Amparo Directo en Revisión 4872/2024, en el que concluyó que los tribunales no pueden aplicar atenuantes relacionadas con la reinserción social cuando se trata del delito de feminicidio, dado que este tipo penal representa una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres. El fallo establece un precedente obligatorio que endurece el criterio judicial en casos de violencia de género.
El feminicidio de Jessica González conmocionó a la sociedad michoacana. La joven, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 y su cuerpo fue hallado días después en una zona boscosa de Morelia. Las investigaciones demostraron que su pareja sentimental, Diego Urik Mañón, fue responsable de privarla de la vida con extrema violencia.
En 2023, un tribunal de enjuiciamiento sentenció al agresor a 50 años de prisión, pero meses después un tribunal de apelación redujo la pena argumentando que el acusado tenía 18 años al momento del crimen y debía considerarse su posibilidad de reinserción social. La resolución de la SCJN anula dicha reducción y ordena emitir una nueva sentencia acorde con los principios de proporcionalidad y justicia para la víctima.
El fallo también subraya la obligación de los tribunales de juzgar con perspectiva de género, tomando en cuenta los derechos de las víctimas y la gravedad estructural del feminicidio. La decisión representa un paso relevante en la lucha por garantizar sanciones ejemplares frente a la violencia machista y evitar interpretaciones judiciales que minimicen su impacto social.
La familia de Jessica, especialmente su madre, Verónica González, mantuvo durante años una lucha constante por justicia, denunciando irregularidades en el proceso y la influencia social de la familia del agresor. La resolución de la Suprema Corte fue recibida como un triunfo moral para las víctimas de violencia de género en el país.