La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) al determinar que diversas disposiciones de su Ley Orgánica vulneran el principio de autonomía universitaria, al permitir la participación de autoridades ajenas a la institución en la integración de órganos internos y en el proceso de designación de la Rectoría.
Durante la discusión del asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la autonomía de las universidades públicas constituye una garantía constitucional estrechamente vinculada al derecho a la educación, ya que permite a estas instituciones tomar decisiones de manera independiente para cumplir sus funciones de enseñanza, investigación y difusión de la cultura.
La resolución aprobada por el Pleno establece que las instituciones de educación superior con autonomía tienen la facultad de definir sus mecanismos de gobierno interno, así como la organización, atribuciones y procedimientos para elegir a sus autoridades, sin interferencias externas que comprometan su autogestión.
En su proyecto, Esquivel Mossa consideró que el Congreso local excedió sus atribuciones al regular aspectos relacionados con la creación, integración y funcionamiento del Consejo de Educación Media Superior, al tratarse de materias que corresponden al ámbito interno de la propia universidad. Asimismo, cuestionó la participación de una persona externa a la comunidad universitaria, designada por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo estatal, para presidir el Colegio de Elección Universitario encargado del proceso de selección de la Rectoría.Cursos de ética
La ministra enfatizó que las decisiones relacionadas con la estructura de gobierno universitario y la elección de sus autoridades deben permanecer bajo control exclusivo de la institución, como parte de las garantías que protegen su autonomía constitucional.
Con la determinación de la Corte, las disposiciones impugnadas dejarán de aplicarse a la Universidad Autónoma de Nayarit tanto en el presente como en futuros procesos, con el objetivo de preservar su capacidad de autogobierno y asegurar el ejercicio de sus funciones académicas y administrativas.
La propuesta fue respaldada en lo general por unanimidad de los integrantes del Pleno de la SCJN, aunque la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un voto particular respecto a la invalidez parcial de algunos de los preceptos analizados.
FUENTE , ContraRéplica