Con pancartas con leyendas como “Todos somos Carlota. Libertad para los 3” y “Cárcel para los invasores”, decenas de personas se concentraron este miércoles afuera de los Juzgados de Distrito en el municipio de Chalco, Estado de México, para exigir la libertad de una mujer de la tercera edad y sus dos hijos, quienes enfrentan acusaciones por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La semana pasada, una jueza del Poder Judicial del Estado de México impuso prisión preventiva justificada a Carlota “N”, de 73 años de edad, y a sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de dos personas identificadas como Justin “N” y Esaú “N”.

Asimismo, Eduardo “N” y Mariana “N” fueron señalados por su presunta implicación en el delito de tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de una víctima menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 1 de abril los tres imputados habrían acudido a un inmueble de su propiedad en Chalco que presuntamente había sido invadido. Luego de una discusión con las personas que lo ocupaban, Carlota “N” habría disparado contra Esaú “N” y Justin “N”, provocándoles la muerte. Durante los mismos hechos, Eduardo “N” y Mariana “N” habrían lesionado con arma de fuego a un menor de edad.

Este miércoles 9 de abril se realiza la segunda audiencia del caso, en la que se determinará si las tres personas son vinculadas a proceso.

La defensa legal de Carlota “N” solicitó que la mujer adulta mayor pueda enfrentar el proceso en arraigo domiciliario, argumentando que tiene 73 años, padece diabetes y necesita medicarse con insulina cada cuatro horas.

En redes sociales se difundió un nuevo video donde se observa a Carlota “N” y sus hijos en el momento en que enfrentan a los presuntos ocupantes del inmueble. En el material, la mujer exige la devolución de la propiedad, mientras que los ocupantes le piden a cambio la devolución de una supuesta renta.

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios han señalado las dificultades legales que enfrentan los propietarios para recuperar inmuebles presuntamente invadidos, incluso cuando cuentan con la documentación correspondiente.

FUENTE ;DIARIO DE MEXICO