RICARDO MONREAL ÁVILA

La reciente reforma al Poder Judicial es la más importante en los últimos 200 años de la historia del país, y realmente nos permitirá hablar de un cambio de régimen jurídico y político, entendiendo que la combinación de lo jurídico y lo político es la esencia de un Estado Democrático de Derecho.

Cada doce años, las elecciones presidenciales de México y EUA coinciden, con diferencia de cuatro meses.
Esto sería un dato anecdótico, de no ser por el alto grado de integración que han alcanzado ambas economías, regiones fronterizas y hasta algunos núcleos familiares binacionales.

Recientemente se difundió el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que promovieron el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y aunque es evidente que se trata de un despropósito, que violenta la Constitución y la ley (lo cual nos ratifica por qué es necesario fijar límites a arbitrariedades provenientes del Poder Judicial), no se debe soslayar que también representa un avance sustancial, mayúsculo, a favor de uno de los paradigmas centrales del nuevo régimen jurídico y político que se busca instaurar para mejorar la impartición de justicia en México: el reconocimiento del sufragio popular para elegir Ministras y Ministros de la Suprema Corte.