RICARDO MONREAL ÁVILA

Recientemente se difundió el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que promovieron el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y aunque es evidente que se trata de un despropósito, que violenta la Constitución y la ley (lo cual nos ratifica por qué es necesario fijar límites a arbitrariedades provenientes del Poder Judicial), no se debe soslayar que también representa un avance sustancial, mayúsculo, a favor de uno de los paradigmas centrales del nuevo régimen jurídico y político que se busca instaurar para mejorar la impartición de justicia en México: el reconocimiento del sufragio popular para elegir Ministras y Ministros de la Suprema Corte.

El debate generado por la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial es altamente provechoso: nos permite contrastar dos visiones, dos versiones y dos proyectos de un mismo Estado. A una la llamaremos “Estado de Derecho” y a la otra, “Estado de derecha”. Son dos lógicas yuxtapuestas y encontradas sobre lo que deben ser el Derecho, la Justicia y la Democracia misma. Veamos:

El gran problema de las y los juzgadores que se oponen a la reforma constitucional al Poder Judicial es que son jueces y parte y, entonces, por más lógica formal que posean sus argumentos, están afectados de parcialidad, asunto grave que puede socavar la integridad del propio sistema de justicia.