Columna de Hierro 3ª. y final
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CUERNAVACA, MOR. 13 08 2026.- La noticia cayó como un tanque de gas sobre la mesa: la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) anunció que este mes de agosto comienza un programa nacional de regularización e inspección de gaseras y plantas de distribución de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP), con miles de inspecciones y supervisiones previstas en los próximos años.
Y ahora sí: a ver cómo salen las gaseras de Morelos.
Porque después del estallido de una pipa en la Colonia Las Granjas ya no basta con lamentar la tragedia. Hay que saber quién vigila, qué vigila, cuándo lo hace y qué ocurre cuando encuentra irregularidades.
Un lector nos plantea otra pregunta elemental: ¿dónde están los reportes de las pipas y unidades repartidoras que transportan Gas LP? ¿Cuántas tienen autorización vigente? ¿Quién las inspecciona? ¿Cada cuándo? ¿Cuántas han sido sancionadas?
Trasciende que podría existir corrupción entre algunos inspectores y que algunos podrían hacerse de la vista gorda. Eso no podemos afirmarlo sin pruebas. Pero sí podemos exigir algo perfectamente comprobable: que las autoridades exhiban las actas, los dictámenes, las inspecciones y las sanciones.
Porque no están a la vista suficientes sanciones que permitan saber qué ocurrió con las unidades antes y después del estallido.
Y aquí aparece una pregunta todavía más seria: ¿Qué opina el Gobierno del Estado sobre la supervisión y el control de las grandes plantas de Gas LP instaladas dentro o cerca de zonas urbanas, donde un accidente podría poner en riesgo la vida de miles de familias?
La gobernadora Margarita González Saravia tiene la obligación política de explicar qué está haciendo el Gobierno del Estado dentro de sus atribuciones de Protección Civil y Prevención de Riesgos. No puede bastar con esperar a que intervengan las autoridades federales.
También queremos saber: ¿cuántas plantas han sido inspeccionadas en Morelos?…. ¿qué encontraron?… ¿cuántas tienen sus programas y dictámenes vigentes?…. ¿cuántas han sido sancionadas y qué medidas se han tomado para proteger a la población?
Y el asunto nos lleva hacia los grandes protagonistas de esta industria, entre ellos la familia Zaragoza, vinculada a Grupo Tomza, y otros poderosos grupos que participan en este multimillonario negocio.
No se trata de acusar a empresarios de ser responsables de una tragedia sin pruebas.
Se trata de preguntar:
¿Cuántos permisos tienen? ¿Cuántas unidades operan? ¿Quién las inspecciona? ¿Qué sanciones han recibido?
La cadena de responsabilidad debe ser transparente: +empresa → permiso → pipa → conductor → inspección → dictamen → sanción.
Que enseñen los documentos.
Porque si las gaseras cumplen, que lo demuestren.
Si una unidad no cumple, que se sancione.
Y si después de una tragedia descubrimos que nadie inspeccionó, nadie sancionó y nadie vio nada…entonces la pregunta será mucho más grave que la explosión misma: ¿quién tenía la obligación de evitarla?
El Gas LP puede ser indispensable.
La negligencia jamás.
eusebiogimeno@gmail.com