“¡México no es piñata de nadie!”, expresó la Presidenta presidenta Claudia Sheinbaum en el momento más emotivo de su mensaje político del pasado domingo en el Monumento a la Revolución.
A dos años de la victoria electoral de la candidata Claudia, la Presidenta Sheinbaum alertó de la embestida política, diplomática, judicial y mediática que el Movimiento de la 4T enfrenta por parte de la ultraderecha internacional y nacional, y en particular denunció que la derecha estadounidense, en abierta colusión con la derecha mexicana, buscar ganar simpatías y popularidad a costa de presentar a México como una amenaza narcoterrorista, y de señalar como brazo político de los Cárteles criminales al gobierno legítimo que ella encabeza.
El mensaje de la Presidenta, sintetizado en esa contundente frase, trasciende la mera denuncia retórica. Es un parteaguas en la relación bilateral, al exponer con claridad la existencia de una guerra híbrida —política, mediática y judicial— orquestada por facciones de la ultraderecha internacional, en contubernio con sus aliados domésticos.
Nuestra jefa de Estado tuvo el cuidado diplomático y político de no responsabilizar al Presidente Trump de esa embestida. Más bien aludió a lo que en Washington se conoce, desde hace décadas, como el «establishment estadounidense», que con frecuencia toma decisiones en forma autónoma e independiente de su propio mandatario. También se le conoce como «burocracia imperial», porque sus determinaciones afectan a todo el mundo, actúan extraterritorialmente, en ocasiones se financian con recursos de procedencia dudosa y tienen métodos de actuación que siguen puntualmente la conseja maquiavélica de que “el fin justifica los medios”.
Y no es ideológicamente neutra. Se concibe y define a sí misma como la guardiana o la policía del mundo, para preservar los valores más caros de la derecha internacional: el libre mercado, la familia tradicional, la globalización económica, la desigualdad como orden social natural, la superioridad racial, la inferioridad de los pueblos originarios y la supremacía de los gobiernos con mayor capacidad y fuerza de guerra.
Es la derecha que proclama el derecho a la fuerza y desdeña la fuerza del Derecho.
Señalar a esta burocracia imperial no es un ejercicio académico, sino una necesidad estratégica. Este ente, compuesto por agencias de inteligencia (CIA, FBI), seguridad nacional (DEA, DHS) y Fiscales con ambiciones políticas, opera con una lógica cuasi autónoma. Su manual no es la Constitución de los Estados Unidos, sino una suerte de “realismo maquiavélico” en el que cualquier método es válido para preservar un orden mundial basado en la hegemonía, el control de recursos y la sumisión de los Estados periféricos (en términos de autores como Samir Amin).
Para esta facción, gobiernos como el de la 4T, que defienden la autodeterminación, el nacionalismo de recursos y la justicia social, son una herejía. Por ello, la acusación de “gobierno al servicio de los Cárteles” no es un error de análisis, sino una construcción deliberada. Es el mismo libreto aplicado en otras latitudes: deslegitimar al gobierno soberanista etiquetándolo como narco, terrorista o populista autoritario, para allanar el camino a intervenciones encubiertas, sanciones o golpes blandos.
Esa derecha se apoya en el uso bélico de la geopolítica para buscar un nuevo orden mundial, cuyo objetivo central es el control y dominio de las tierras raras o minerales estratégicos, de las riquezas del subsuelo, de la explotación de los mercados laborales y del dominio de los flujos internacionales del capital financiero.
Este nuevo orden económico tiene una nueva consigna política: no hay lugar para gobiernos nacionalistas, soberanistas o que se identifiquen con las llamadas izquierdas. Solo tienen cabida las derechas locales sumisas, entreguistas y colonizadas.
A dos años del triunfo del Segundo Piso de la 4T, había que denunciar en voz alta y en todos los tonos la estratagema (que no estrategia) de la ultraderecha internacional y sus aliados nativos; ya los vimos, ya sabemos que duermen en la misma recámara y que se bañan a la misma hora, en la misma ducha, pero no los vamos a dejar ni nos vamos a dejar. Para esta derecha reptante y entreguista, en efecto, México no será su piñata ni su botín.
Y al establishment, que hace de la injerencia extraterritorial y metadigital su carta de presentación, le recordamos que con México tampoco se juega al tiro al blanco. Si en el sur hay narcopoderes, es porque en el norte hay narcomercados, y que más vale que los gobiernos de ambos lados se coordinen, se comuniquen y se corresponsabilicen de acabar con el enemigo común, que amenaza a ambas naciones por igual: el narcoterrorismo.
Por tanto, el llamado a la coordinación, comunicación y corresponsabilidad debe ser el núcleo pragmático de la relación bilateral.
No se trata de una rendición o sumisión, sino de una nueva perspectiva para sobrellevar las relaciones internacionales:
La coordinación significa apostar por operativos conjuntos, no delegar responsabilidades. Intercambio de inteligencia sin subordinación.
La comunicación implica acabar con la narrativa unidireccional. México debe tener voz y voto en la definición de la amenaza.
La corresponsabilidad (quizá el punto más incómodo para Washington) se traduce en políticas serias de reducción de demanda, control fronterizo de armas (no solo de personas) y freno al lavado de activos en el sistema financiero estadounidense.
Con el mensaje de la primera mandataria, México ofrece ser un aliado, no un satélite. Solo así se impedirá que el narcoterrorismo que daña a la población y al desarrollo de ambas naciones se perpetúe. Ha llegado la hora de la responsabilidad compartida, para evitar a toda costa el fracaso conjunto.
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