Por: Ricardo Monreal Avila
Los cambios sustanciales que se han presentado en los sistemas políticos, económicos y sociales a través de la historia de la humanidad en todo momento han generado resistencias.
Recuérdese, por ejemplo, lo sucedido en España a principios del siglo XIX, cuando se intentó crear la primera monarquía liberal, al término de la invasión napoleónica, que después sería desconocida por el propio rey Fernando VII para intentar volver una vez más al absolutismo clásico europeo.
En nuestro país, al final del periodo colonial, tuvimos otro claro ejemplo de una crisis semejante: la pugna entre liberales y conservadores para definir las bases sobre las cuales descansaría la construcción del Estado mexicano.
La crisis política y económica que se mantuvo en México durante la mayor parte del siglo XIX tuvo su origen en el conflicto pos-Independencia, que, en esencia, fue causado por la defensa que el conservadurismo hizo del esquema anterior a la dominación española, y su negativa a adoptar los postulados originados en Occidente durante la Ilustración, y que fueron probados en Francia y en Estados Unidos, la naciente potencia, a finales del siglo XVIII.
En la época contemporánea, en nuestro continente se han dado ejemplos de luchas sociales que han buscado generar cambios importantes al interior del sistema político y económico, para democratizarlo.
Recuérdese el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, iniciado a mediados del siglo pasado, el cual buscó terminar con la segregación racial y ganar terreno en la lucha por la igualdad de derechos para las comunidades afroamericanas, las que históricamente habían sido relegadas al esclavismo y a una flagrante discriminación negativa, fundamentados en el color de la piel.
Aún hoy, en pleno siglo XXI, se siguen presentando situaciones de racismo, auspiciadas por grupos radicales, lo que ha dado lugar a multitudinarias protestas en diferentes ciudades de la Unión Americana, teniendo como consigna la proscripción de tales prácticas discriminatorias, ejecutadas principalmente por integrantes de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población.
En América Latina no podemos dejar pasar el legado de figuras prominentes, como Salvador Allende, quien, apoyado por el movimiento de Unidad Popular, buscó lograr en Chile un cambio político y económico sin precedente en la región. Sin embargo, la resistencia de los grupos de poder que con esto vieron trastocados sus intereses provocó un golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 terminó abruptamente con el naciente proyecto, que provino de un movimiento pacífico que logró convertirse en gobierno de manera legítima a través del voto popular en las urnas en septiembre de 1970.
Así, las luchas y los movimientos sociales legítimos surgidos como respuesta a las inconsistencias y contradicciones inherentes al sistema tienen que enfrentar resistencias y en ocasiones han sido sustituidos por regímenes longevos, pues los grupos reaccionarios,
cuando obtienen apoyo o hacen sinergia con sectores con poder económico, político e incluso militar, pueden propiciar la desaparición abrupta de un movimiento legítimo, como sucedió en el caso chileno, en donde un gobierno popular legalmente establecido fue aniquilado mediante el uso de la fuerza y la usurpación del poder, lo que dio pie a la persecución y a toda clase de prácticas que redundaron en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
México, país en el que históricamente las clases más desfavorecidas han estado a merced de cúpulas políticas y económicas, enfrenta actualmente resistencias a un cambio social profundo, cuyo propósito principal es lograr una mayor justicia social.
La constitución de la 4T en gobierno devino de años de lucha pacífica orientada a lograr la democratización del sistema político mexicano, cuya decadencia se debió fundamentalmente al sometimiento del poder político a los designios del poder económico.
La subordinación de las decisiones gubernamentales a los intereses de las élites financieras nacionales y extranjeras dio pie a la grave situación que el país enfrenta hoy en diversos rubros de suma importancia, como la educación y la salud, cuyo deterioro ha impactado directamente en la calidad de vida de la mayoría de la población, al tiempo de comprometer el futuro de las generaciones venideras.
El actual presidente, desde la oposición y durante su etapa de luchador social, acusó a la corrupción como el principal problema dentro de la administración pública, causante de serios daños a la nación y al interés colectivo, por lo que ahora, como jefe del Estado mexicano, elegido legítimamente por el voto popular, ha tomado decisiones que afectan intereses sectarios e, invariablemente, generan resistencias al cambio.
Estas resistencias se han manifestado desde diferentes sectores, lo que hasta cierto punto resulta normal, pues un cambio auténtico de régimen conlleva las más variadas reacciones y conflagraciones.
El golpeteo constante es consecuencia inmediata de la pérdida de privilegios, sobre todo en el sentido estrictamente económico. Hay diversas formas en las que se buscará desprestigiar al gobierno de la 4T, la más reciente, haciendo alusión al terrible hecho recientemente acaecido: el robo de 37,956 piezas de medicamentos para tratar a pacientes con cáncer.
El lamentable robo de medicinas, ocurrido en bodegas de una empresa farmacéutica encargada de suministrar estos bienes al sector salud público, además de ser mezquino, constituye un ataque directo en contra de todo México, sobre todo de quienes dependen de tales fármacos para atender situaciones delicadas en la salud propia o de sus seres queridos.
Se esperan todo tipo de comentarios por parte de los adversarios; no obstante, la salud de la población es prioritaria para el actual Gobierno y, tal como el presidente lo ha mencionado, aun con la baja de tal cantidad de medicamentos, el abasto sigue estando garantizado para quienes los requieran.
El Gobierno de la 4T cuenta con un vasto apoyo popular, el cual no tiene antecedentes inmediatos en nuestro país, por lo que hay luz verde para que la administración actual pueda seguir encaminada en las decisiones que beneficien a la ciudadanía, a las mayorías, y no sólo a una cúpula, como antaño sucedía.
Por otro lado, abonando a la otra gran línea gubernamental, que es el combate frontal a la impunidad, en el tema del robo de los medicamentos, las autoridades competentes ya se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para dar con las personas responsables; habrá que esperar las conclusiones de las indagatorias para saber quién pudo haber perpetrado esta criminal acción en contra de miles de familias mexicanas.
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