El esquema de subcontrataciones conocido como outsourcing permite a las empresas delegar el reclutamiento y la contratación de su personal a un tercero, con lo cual se pretende elevar el rendimiento de la labor de los empleadores en términos económicos, ya que el costo de las operaciones puede presentar una reducción significativa de manera cotidiana, lo que redundaría en el aumento de beneficios financieros o fiscales.
Este esquema de subcontratación terminó por afianzarse en México durante las pasadas administraciones federales, producto de la reforma laboral aprobada en 2012; sin embargo, debido al vacío jurídico y a las inconsistencias con las cuales debió operar, su ejecución derivó en prácticas nocivas y lesivas a los intereses y derechos de las y los trabajadores contratados bajo este nuevo régimen, así como a los ingresos del erario. La lista de abusos por parte de muchas empresas que abrazaron el outsourcing es extensa.
Entre muchos otros abusos e irregularidades derivados de este esquema de contratación se encuentran los siguientes:
Gran número de trabajadoras y trabajadores mexicanos perciben salarios injustos.
No cuentan con todas las prestaciones de ley.
No generan antigüedad, debido a que las empresas, como estrategia, cambian de razón social varias veces al año.
No se benefician con el reparto de utilidades que por ley les corresponde.
En muchos casos no se les paga el aguinaldo de fin de año, porque se les despide días antes de que sea entregado, y luego se les recontrata a inicios del año siguiente.
No se les concede el pago de horas extra o de estímulos o incentivos monetarios por productividad.
No gozan de aumentos salariales.
Se les somete con frecuencia a extenuantes horarios de trabajo (hasta de más de diez horas), sin perjuicio para la empresa en la que laboran.
No tienen garantizado el derecho a organizarse en sindicatos, ya que, a su vez, no cuentan con estabilidad en el empleo.
Por lo anterior, la regulación del outsourcing ha sido una de las metas más importantes del gobierno actual, en materia laboral. Es inadmisible que en México se permita, a partir de reformas que se llevaron a cabo de espaldas al pueblo, el atropello de los derechos y concesiones reivindicados históricamente por las y los trabajadores a través de intensas luchas sociales.
Igualmente criticable resulta que tales esquemas de contratación o subcontratación se defiendan bajo el pretexto de que han permitido el crecimiento exponencial de puestos laborales, pues el mayor beneficio no lo ha obtenido la clase trabajadora.
Los artículos 5 y 123 de nuestra Carta Magna establecen que las y los ciudadanos en México tienen el derecho de contar con un empleo o un trabajo digno. No se puede aspirar a que en territorio nacional prevalezca la justicia social, si no se cuenta con puestos laborales formales que permitan a quienes trabajan y a sus familias gozar de un nivel adecuado de vida, con respeto absoluto a sus derechos y conquistas.
Hace algunas semanas, el Ejecutivo federal envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, para acabar con este esquema de subcontratación, también conocido como de tercerización, lo cual despertó inquietud entre algunos sectores del ala empresarial y abrió un debate público acerca de la funcionalidad o pertinencia de la utilización del outsourcing.
Luego de más de 80 reuniones de trabajo, que permitieron encontrar puntos de convergencia en un tema que despertó opiniones contrarias, y de meses de diálogo entre representantes del Gobierno federal y de los sectores obrero y empresarial, en días pasados finalmente se pudo alcanzar un acuerdo histórico sobre el esquema de subcontratación. Palacio Nacional fue la sede para la firma del documento inédito, que también suscribió una representación de Poder Legislativo y que contó con el aval de los actores involucrados en la utilización del outsourcing.
Cabe señalar que en el acuerdo no se desprecia ni se desconoce la utilidad que este esquema de contratación pudiera representar para las empresas, por lo que no se elimina su figura jurídica, más bien se promueve la regulación de los mecanismos con los cuales se ha implementado, y con ello se busca evitar que se utilice para lesionar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, así como sus conquistas históricas.
Por ello, en el acuerdo se establece que, en materia de reparto de utilidades a las y los trabajadores, el tope sea fijado hasta 90 días; se reafirma y reivindica el derecho de todas las personas que sean contratadas a contar con seguridad laboral; asimismo, se garantiza su permanencia en los puestos de trabajo. Por otro lado, la regulación propuesta servirá como candado para evitar que se siga defraudando al fisco, en perjuicio de las arcas públicas.
El hecho de que empresariado, sindicatos y Gobierno federal hayan llegado a este histórico acuerdo constituye un triunfo sin precedente en el tema laboral en nuestro país, que beneficiará a aproximadamente 3 millones de trabajadoras y trabajadores que, de otro modo, verían comprometidos sus derechos laborales, su seguridad social, sus posibilidades de retiro y, por supuesto, sus ingresos económicos, lo cual lesionaría el bienestar de millones de familias mexicanas.
La iniciativa de regulación del esquema outsourcing emprendida por el Gobierno de México representa uno de los tantos esfuerzos por corregir lo que evidentemente se hizo mal a lo largo de administraciones pasadas, y de privilegiar los intereses de las mayorías, representadas por la clase trabajadora.
Es natural que a una parte del sector empresarial le hayan preocupado la acciones gubernamentales en torno al outsourcing en nuestro país, por lo que el diálogo fue muy importante para lograr un acuerdo consensuado en beneficio de las y los trabajadores, así como también del empresariado que cumple con sus obligaciones legales y que ha encontrado en este esquema de contratación una vía para optimizar sus operaciones, todo lo cual se traduce en beneficios directos para la sociedad mexicana en general.
Este acuerdo histórico demuestra que actualmente es posible lograr consensos trascendentales en beneficio de los derechos humanos laborales de las personas, lo que, por extensión, implica un beneficio para el propio Estado mexicano. La era de los pactos entre las cúpulas económicas y políticas ha quedado atrás.
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