A partir de la segunda mitad del siglo XX, México ha experimentado una serie de reformas electorales, cuya naturaleza obedeció a las circunstancias y al contexto político específicos.
La primera gran reforma electoral fue la que intrínsecamente se dio con la reforma política de 1977.
Recuérdese que los impetuosos cambios culturales que sobrevinieron en Occidente durante la década anterior (1960) permitieron que en México se comenzara a cuestionar el poder que, hasta ese momento, se ejercía de manera autoritaria y excluyente.
La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 se sumó a otros proyectos normativos de gran calado. Ésta permitió, en primer plano, la participación de grupos de oposición en los procesos electorales e incluyó la figura de la representación proporcional, con la cual se buscó garantizar la llegada a los órganos de representación de todas las fuerzas políticas con registro en México -primeramente a la Cámara de Diputados federal- trayendo consigo la consiguiente instauración de un sistema pluripartidista dentro del régimen político de nuestro país.
Once años después de la reforma electoral de 1977, la elección presidencial sacaría a la luz la inconveniencia de que el árbitro de los procesos comiciales fuera acólito del Poder Ejecutivo. La supuesta caída del sistema, en un momento tan crucial como el que se vivió en aquella jornada de votación, empañó de manera considerable los resultados y le restó legitimidad al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El sonado fraude en los comicios de 1988 obligó al Ejecutivo federal en turno a tratar de encontrar una solución con la cual garantizar la transparencia de los procesos electorales en México. Fue así que la reforma de 1990 en la materia dio pie a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).
En sus inicios, el Consejo General del recién creado instituto estaba compuesto por un presidente, que era el secretario de Gobernación; seis consejeros magistrados, que eran académicos o personalidades sin filiación política, propuestos por el presidente de la República y aprobados por dos terceras partes de la Cámara de Diputados; un director y un secretario, entre otros.
No obstante, fue hasta 1996 cuando, a través de otra importante reforma electoral, se estipuló que el instituto encargado de organizar los comicios en el país y validar los resultados de los procesos electorales debía ser completamente autónomo; se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propios y, para su integración, se reformó el artículo 41 de nuestra Constitución Política, quedando asentada la participación del Poder Legislativo federal, los partidos políticos nacionales y la ciudadanía, entre otras cuestiones.
En 2014 se presentó una última reforma electoral de relevancia; la institución nacida en 1990 pasó a ser ahora el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo propósito fue homologar los procedimientos en la organización de los procesos electorales federales y locales, con el fin de garantizar estándares de calidad en los comicios.
Por otro lado, a partir de ese momento, el INE contó con la autoridad para intervenir en la conformación de los organismos públicos electorales locales y en la organización de los comicios en los Estados, en coordinación con aquéllos.
La democracia siempre será perfectible. Uno de los problemas más señalados por voces críticas, personalidades del ámbito académico y personajes de la política de hoy es que la democracia en nuestro país es de las más caras del mundo, incluso más que en naciones desarrolladas, pero con grandes irregularidades; además, las actuales autoridades del INE se han asignado unas cantidades por concepto de salarios y otras prestaciones que resultan ominosas.
El INE está viciado. La elección de sus consejeras y consejeros por el cuatismo o el cuotismo ha puesto en entredicho su naturaleza autónoma, que en la práctica no lo es tanto, debido a la protección de intereses personales o partidistas que desde su mismo seno se auspician.
La reforma electoral propuesta desde Palacio Nacional también sugiere desaparecer al INE para que en su lugar se erija el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y reducir de once a siete el número de consejeras y consejeros, por medio de un proceso electoral, algo que también plantea el presidente López Obrador implementar con las y los magistrados del Tribunal Electoral federal.
Coincidentemente, las propuestas de partidos como MORENA, PAN y PRI, contemplan estandarizar el voto electrónico, como un mecanismo viable en la carrera por la digitalización de los procesos comiciales. El ahorro de recursos que ese tipo de sufragio representaría para el erario es bastante significativo: alrededor del 65 por ciento del gasto electoral.
La mesa está puesta. Para la concreción de la siguiente reforma electoral encontraremos acuerdos que quizá permitan una segunda vuelta en las elecciones presidenciales; eliminar la sobrerrepresentación en el Congreso, al disminuir el número de integrantes tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados; la anulación de candidaturas en que se sospeche la incursión del crimen organizado y una redistritación adecuada, entre otros aspectos.
En la mayoría existe la conciencia de que México necesita una nueva reforma electoral. El cómo se dé y qué tanto se pueda lograr con ella depende de la voluntad política de quienes pueden seguir perfeccionando nuestro actual sistema democrático.
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