Por: Ángel Álvaro Peña
angelalvarop@hotmail.com
Alma Grande
La reforma laboral está elaborada mitad para encajar en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y la otra mitad producto de las propuestas del partido en el poder.
La añeja postura de los gobiernos progresistas de incrementar los salarios de los trabajadores coincide con las condiciones de los vecinos del norte en la necesidad de aumentar los salarios.
Pero también de tener sindicatos libres de mafias; sin dudas en la elección interna para designar líderes, y esto todavía no es posible.
Pareciera mentira que en México es más fácil convencer a los empresarios de aumentar sustancialmente el salario, que exterminar el charrismo añejo en los sindicatos.
Los salarios en México son de los más bajos del mundo, con una capacidad de consumo que a lo largo de la historia han acumulado mercancías que nadie puede comprar y esto, ante los ojos de los grandes empresarios del mundo, debe transformarse.
Porque la competitividad no sólo está en los productos terminados, no es la mercancía únicamente el satisfactor de necesidades ni su venta la única manera de obtener confort. Los salarios bajos no sólo repercuten en la reducción de consumo sino en la inconformidad social que puede, en un momento dado, convertirse en rebeldía social generalizada y en este ambiente nadie quiere invertir y mucho menos consumir artículos innecesarios, y debemos recordar que vivimos tiempos de enorme consumo de artículos que nos son vitales para la sobrevivencia del ser humano.
El Tratado de Libre Comercio quiere no sólo inversiones seguras sino tranquilidad social en el territorio de sus socios, y en México los salarios son tan bajos que nadie podría prever lo que podría suceder en el país ante el crecimiento del hambre y la miseria.
“Es importantísimo que se garanticen las libertades plenas para los trabajadores”, aseveró López Obrador, al tiempo que señaló que se trata de una reforma que tiene avances que su gobierno apoya.
La libertad de los trabajadores para elegir a sus líderes, para decidir sobre el destino de sus trabajos, para exigir respeto a sus derechos, para tener elecciones libres al interior de sus organizaciones gremiales, es indispensable en estos momentos para que haya Tratado de Libre Comercio. Cuando se firmó el primer Tratado con los vecinos del norte, cuyo instrumentador fue el priista Jaime Serra Puche, durante el sexenio de Salinas de Gortari, los salarios en México estaban delimitados, encadenados, condenados a ser de los más bajos del mundo, lo que convirtió al país en un atractivo para cierto tipo de inversionistas, que en su tiempo, se ponderó y difundió como si se tratara de la salida de la pobreza, pero esta se hundió más hasta convertirse en miseria.
La misma situación de bajos salarios que hizo que los inversionistas voltearan la mirada para instalarse en México, ahora la rechazan porque crea descontento social y una mano de obra que puede desgastarse o bien levantar la voz y tomar las calles.
Por otra parte, los despidos masivos o injustificados que anteriormente los líderes sindicales percibían como un acto normal, deberán ser regulados y, sobre todo, evitados. Los derechos humanos de los trabajadores, que incluye una vida digna para ellos y para su familia, debe ser un punto de partida para firmar las negociaciones cuyos beneficios para México son en realidad relativos.
En este caso, la firma del tratado comercial con los socios del norte tendría como gran logro para los trabajadores mexicanos sus derechos a salvo.
Algunos sindicatos en México han servido para regatear los derechos de los trabajadores, para mantener sus salarios bajos, para evitar que el obrero que ensambla refrigeradores pueda tener uno en casa. La crueldad de empresarios y sindicatos mexicanos se transforma, mitad a causa de las imposiciones del Tratado de Libre Comercio y mitad por la postura del nuevo gobierno federal.
PEGA Y CORRE. – Hay varias noticias buenas en México, aunque haya quienes quieren ocultarlas. En primer lugar, las Aduanas han recabado 35 por ciento más en cinco meses, comparado con cualquier lapso igual en anteriores administraciones; la otra es que con la aplicación de políticas públicas productivas, sustentables e incluyentes, está previsto que la producción agroalimentaria del país para este año alcance las 293.3 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 2.6 por ciento con respecto a 2018. Esperemos más y mejores buenas noticias.