El Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de fortalecimiento de los derechos laborales, seguridad social de personas trabajadoras del campo y protección de sistemas forestales.
Se trata de cambios a los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 15, fracciones IV y VI de la Ley de Comercio Exterior, así como la adición del artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta de la Mesa Directiva en funciones, Verónica Noemí Camino Farjat, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del campo, proteger los ecosistemas forestales y prevenir la eliminación permanente o parcial de la cobertura vegetal en terrenos destinados a actividades agropecuarias con fines de exportación.
En el documento se reconoce a la agroindustria como uno de los principales sectores exportadores de México, que genera divisas y empleos, por lo que representa uno de los pilares más importantes de desarrollo del país.
Además, refiere a un informe de la Dirección General de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en el que se destaca que este sector ascendió en el segundo trimestre de 2025 a 3.27 billones de pesos, lo que representa el 9.1 por ciento del PIB.
También se destaca que la producción de frutos rojos y aguacate se han consolidado como uno de los pilares estratégicos del comercio exterior del país, siendo el aguacate el líder mundial generando más de 300 mil empleos.
En ese sentido, se señala que el éxito exportador trae consigo retos crecientes, pues en el caso del aguacate, los mercados internacionales han mostrado preocupación no sólo por la trazabilidad laboral y las condiciones de trabajo, sino también por el impacto ambiental asociado a la expansión agrícola, particularmente en lo relativo al cambio de uso de suelo y la deforestación.
De manera paralela, el dinamismo productivo de los frutos rojos ha visibilizado la necesidad de formalizar el empleo agrícola, garantizar el acceso a la seguridad social y cumplir con los estándares laborales establecidos en instrumentos internacionales como el T-MEC.
Por otro lado, las personas exportadoras, en las condiciones en que se lleva a cabo todo el proceso productivo, son las que obtienen mayor beneficio de la actividad que desarrollan las personas trabajadoras.
Por lo cual, reconocer su corresponsabilidad en un esquema que asegure la formalización del empleo y la protección del medio ambiente, no significa trasladarles una carga indebida, por el contrario, garantiza que las ganancias de la apertura comercial se traduzcan en mejores condiciones de vida para quienes trabajan en el campo.
De esta manera, en el documento se explica la armonización de la política comercial con la política laboral y ambiental del Estado mexicano, al permitir que el comercio exterior agroalimentario se desarrolle bajo estándares verificables de cumplimiento laboral y libre de deforestación, en atención al interés público, a las obligaciones constitucionales y a las exigencias crecientes de los mercados internacionales.
Así, la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal brinda atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales.
Y con la modificación a la Ley de Comercio Exterior se incorporan como una restricción no arancelaria, las acciones que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y protección al medio ambiente.
En tanto, la adición a la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social establece la posibilidad de emitir el certificado laboral para la agroexportación que acredite el cumplimiento de la obligación de las personas empleadoras que exportan productos y subproductos agrícolas de proporcionar seguridad social a los trabajadores.