Concluyó el ejercicio de democracia directa del pasado primero de agosto, mediante el cual se sometió al arbitrio ciudadano la posibilidad de abrir procesos legales en contra de quienes se desempeñaron como presidentes del país entre los años 1988 a 2018, así como de otros personajes de la vida pública nacional.
Para que la consulta fuera vinculante se tenía que contar con al menos el 40 por ciento de la participación de la Lista Nominal del INE. En redes sociales, miles de personas usuarias se volcaron a incentivar la participación ciudadana entre sus contactos, apelando a la relevancia de realizar un ejercicio de memoria histórico-política, que llevaba implícita la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las mexicanas y los mexicanos, sobre todo de quienes sufrieron —y aún sufren— las consecuencias de las malas decisiones o los abusos por parte de los principales responsables de los gobiernos anteriores.
Sin embargo, y pese a importantes esfuerzos institucionales, de la ciudadanía partidaria del enjuiciamiento y de un sector de cibernautas, la participación ciudadana en la consulta popular sólo fue del 7 por ciento de las personas registradas en la Lista Nominal. Diversos factores intervinieron para que no se lograra una mayor afluencia de votantes en la consulta, por lo que los resultados no se podrían calificar como un tropiezo, sin antes evaluar las causas.
La oposición celebró los resultados de la consulta y ha pretendido interpretarlos como una especie de prueba de que el pueblo mexicano ya no confía del todo en el titular del Ejecutivo federal.
Para la cúpula política que ocupó el poder durante treinta años, la escueta asistencia a las mesas desplegadas para la consulta significó un respiro; sin embargo, del total de papeletas llenadas, más del 97 por ciento se expresó por el sí a la pregunta.
La baja participación en la jornada del primero de agosto nos habla de la urgente necesidad de reformar de manera responsable y minuciosa a los órganos electorales en México. Era responsabilidad del INE garantizar una promoción adecuada del mecanismo de democracia directa, como institución encargada de organizar elecciones y llevar a cabo procesos de educación cívica para la consolidación de la cultura democrática. En este sentido, el Instituto quedó a deber en su papel de organizador.
En todo el país se instalaron tan sólo 57 mil mesas receptoras, cantidad que no representa ni la mitad de las urnas utilizadas el 6 de junio pasado durante las elecciones intermedias federales y estatales, para las que se instalaron 160 mil casillas que recibieron la expresión de la voluntad popular. Este último dato es revelador para distinguir que hubo una evidente falta de compromiso institucional de parte del órgano electoral.
Por otra parte y por alguna razón, el pensamiento conservador rechaza todo lo relacionado con la democracia directa, y defiende a ultranza la democracia representativa. Esperarían que la participación ciudadana no trascendiera más allá de las jornadas electorales que se celebran cada 3 o 6 años.
La escasa participación ciudadana durante el ejercicio democrático del pasado 1 de agosto responde a la casi inexistente democracia directa en el país. Cuando en 1968 las y los estudiantes alzaron la voz en contra del régimen autoritario presidencial y comenzaron a incursionar en los terrenos de este tipo de democracia, fueron brutalmente reprimidos y masacrados. La falta de vinculación o reconocimiento de gran parte de la población con la vida pública nacional deviene en una deficiente cultura política que impide mayor participación social en ese ámbito.
Así, para las personas partidarias del establecimiento de una democracia plena en el país, la realización de la consulta popular del 1 de agosto, como un importante ejercicio de democracia directa, constituye en sí misma un rotundo éxito.
Este beneplácito radica en el hecho de que la consulta abonó a la repolitización de la sociedad mexicana y a cumplimentar la máxima consagrada en el Artículo 39 Constitucional: la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. El ejercicio democrático del domingo pasado sirve de antecedente y abre el camino para que otros similares puedan ser puestos en marcha en México, como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.
Lograr una conciencia política colectiva es uno de los propósitos del establecimiento de este tipo de ejercicios. Es deber de la ciudadanía monitorear o supervisar las acciones y los resultados del gobierno federal o local, así como presionar para que haya un respeto irrestricto de la Carta Magna y del orden jurídico vigente. Abrir los canales de participación en el plano de la democracia directa para robustecer el sistema de rendición de cuentas por voluntad popular es una de las acciones más temidas por la oligarquía política conservadora.
El sector opositor utilizará sus últimos bastiones para intentar frenar los cambios que el país necesita para la construcción de una auténtica democracia, pero la puerta para arribar a ella ha sido abierta, sólo resta esperar que la ciudadanía no dé un paso atrás.
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