Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó la lista pública de deudores alimentarios de la capital, una medida estratégica, que dijo, busca garantizar los derechos de la niñez al evidenciar de manera pública a quienes no cumplen con sus obligaciones económicas y erradicar la impunidad en los casos de violencia económica contra menores.
Durante la presentación, la mandataria enfatizó que el objetivo es que los deudores se pongan al corriente con sus adeudos correspondientes.
«Si se mantiene en las sombras pareciera que le damos lugar a normalizarlo, se trata de mandar una señal firme de que las obligaciones alimentarias no son opciones, son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no se puede prescindir», remarcó. Adicionalmente, subrayó que «en esta ciudad no debe haber lugar para la impunidad, mucho menos cuando se trata de garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes”.
La Consejera Jurídica del Gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas, aclaró que la publicación de este listado no viola los derechos de los deudores inscritos ni contraviene ninguna norma, dado que su propósito es cumplir con el acceso a la información.
Además, la funcionaria destacó que la difusión de datos personales en este registro público tiene sustento legal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la capital, la cual permite tal acción cuando existe un interés superior, como es el caso de la niñez.
UN ESFUERZO DE TRANSPARENCIA Y JUSTICIA
La Ciudad de México se convierte en la tercera entidad del país en hacer público su Registro de Deudores Alimentarios, siguiendo los pasos de Coahuila y Oaxaca. De acuerdo con datos del Frente Nacional contra Deudores Alimentarios, al menos mil 500 personas en la capital deben la pensión alimenticia.
La plataforma digital para consultar la lista está disponible en el sitio web del Registro Civil capitalino (https://civil.cdmx.gob.mx), donde cualquier persona puede verificar si un individuo —hombre o mujer— se encuentra inscrito, introduciendo su nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Quienes figuren en este registro enfrentarán diversas restricciones legales: no podrán acceder a cargos de representación popular, obtener pasaportes, salir del país ni realizar trámites notariales hasta que regularicen su situación. El listado se actualizará periódicamente; un deudor será eliminado una vez que cumpla con sus obligaciones, pero será reincorporado en caso de reincidencia. Además, se emitirá un certificado de no inscripción en el registro, útil para demostrar que la persona está al corriente en sus obligaciones alimentarias para trámites legales o administrativos.
LA VOZ DE LAS ACTIVISTAS
En el evento, Brugada Molina reconoció el trabajo y la lucha de las madres y activistas que han exigido esta medida durante años. Diana Luz Vázquez Ruíz, integrante del Frente Nacional contra Deudores Alimentarios y promotora de la «Ley Sabina», lamentó que México sea un país de padres ausentes que se han mantenido en la impunidad debido a la falta de atención y acceso a la justicia.
Vázquez Ruíz criticó que las mujeres sean «víctimas de un sistema de justicia patriarcal» que las explota y permite la irresponsabilidad de muchos hombres. Además, denunció que el 90 por ciento de los agresores vicarios también son deudores alimentarios, quienes en muchos casos sustraen a los menores de sus madres para no pagar pensión y, en ocasiones, hasta les demandan pensión a ellas. La activista subrayó que la publicación del registro es importante, pero advirtió que aún «falta camino por recorrer».
Diana Luz Vázquez enfatizó que este registro no es una «herramienta de venganza» contra los deudores, sino un medio para que cumplan con sus responsabilidades y para evitar que más menores de edad se queden sin alimento. Pidió al gobierno capitalino y a la Fiscalía General de Justicia mayor sensibilidad, acompañamiento y seguimiento en estos casos, señalando la falta de datos claros sobre cuántas madres obtienen justicia y reciben la pensión.
Para cerrar el evento, la Jefa de Gobierno reiteró el compromiso de su administración: “El gobierno de la Ciudad está cumpliendo por velar los intereses de las infancias y de las adolescentes, pero necesitamos lograr que los padres también cumplan”.
Entre los asistentes al evento se encontraban la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, y la Consejera Jurídica del Gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas.
FUENTE , DIARIO DE MEXICO