Por: Ricardo Monreal Avila
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El actual gobierno federal es el mejor evaluado en sus primeros cien días de actividades, en contraste con sexenios anteriores; y a pesar de la adversidad de las circunstancias y la constante crítica a la que algunos sectores han sometido a la administración en funciones, no ha habido una respuesta generalizada de desaprobación ciudadana a las decisiones tomadas por el titular del Ejecutivo federal.
¿Por qué razón, a poco más de cien días de haberse iniciado la actual administración, las movilizaciones de protesta han tenido poco poder de convocatoria entre la ciudadanía? Si bien es cierto que las decisiones gubernamentales no siempre gozarán de total popularidad entre la población, también lo es que ésta sabe reconocer cuando un gobierno está enarbolando causas populares o si sólo se decanta por la satisfacción de los intereses de un grupo en particular.
El deseo de justicia social fue una constante durante las últimas tres décadas, en las que los gobiernos neoliberales fueron condenando paulatinamente al ciudadano de a pie al atraso, la desigualdad, la pobreza y la pauperización.
Por otro lado, la grave situación de violencia y de descomposición del tejido social que se experimenta todavía en el país es consecuencia inmediata de situaciones como la falta de oportunidades, el rezago educativo, la precariedad de los sueldos, y el incumplimiento del papel del Estado mexicano como rector del desarrollo nacional y como coordinador u orientador de la actividad económica.
Durante muchos años, a las mexicanas y los mexicanos se nos vendió la idea de que la apertura comercial generaría la suficiente inversión de capital privado nacional y extranjero que contribuiría a generar fuentes de empleo; el crecimiento económico —se decía— sería tan intenso que su desbordamiento naturalmente llegaría a cada persona, y que incluso alcanzaría a los sectores sociales menos favorecidos de la pirámide social.
Sin embargo, la pauperización de las condiciones de vida en el país se agudizó, y mientras los grandes capitales incrementaron sus ganancias a partir de beneficios fiscales otorgados por aquellos gobiernos, los salarios de los trabajadores se volvieron ínfimos, con las lamentables consecuencias ya bien conocidas por todos.
Las demandas, inquietudes, aspiraciones o quejas de los sectores de la población más castigados conforman la quintaesencia de las acciones retomadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo federales —cada uno en el ámbito de sus competencias—; por ello, en buena medida, la ciudadanía ha visto con buenos ojos las labores emprendidas por el actual gobierno, lo cual se ha manifestado en diversos sondeos respecto al índice de aprobación de la llamada Cuarta Transformación; hay un reconocimiento ciudadano genuino hacia el proyecto institucional actual que pretende corregir el rumbo del país en los próximos años.
La posibilidad de concretar un cambio real es tangible, y la población está dispuesta a darle su apoyo a este proyecto alternativo de nación, puesto que una inmensa mayoría —más del 50 por ciento de las y los votantes en el proceso electoral pasado— decidieron en las urnas otorgar su voto de confianza, legítimo, para que cesaran las malas administraciones federales en México.
Basta con recorrer cualesquiera de las grandes urbes del país, para dar cuenta de los comentarios positivos y de las muestras de apoyo al papel desempeñado por el gobierno actual; del mismo modo, se percibe un ánimo de gran expectativa. En esta nueva etapa de la vida democrática de México existe conciencia plena de que, al día de hoy, quienes integran el aparato gubernamental del Estado están trabajando no sólo por obtener resultados favorables lo más pronto posible, sino porque éstos se reflejen en las clases populares.
Así, las movilizaciones convocadas por diversos frentes para protestar en contra del proyecto de la Cuarta Transformación han sido desairadas por el grueso de la población, en razón de que los involucrados y patrocinadores de tales iniciativas no representan, en lo absoluto, el sentir de la inmensa mayoría.
Todos y todas tenemos el derecho legítimo a manifestar nuestro disentimiento, nuestras ideas o críticas hacia quien detenta el poder público; no obstante, la organización de tales manifestaciones o movilizaciones debe atender igualmente a causas legítimas. Los espacios de opinión pública, de deliberación o galvanización deben ser totalmente incluyentes, plurales y diversos, y tener como eje transversal valores como el respeto y la tolerancia.
Una oposición madura, constructiva y responsable se debe preocupar por abonar a las causas populares, por sumarse a los proyectos que atiendan a quienes menos tienen, y si se arrogan las demandas de las minorías, todavía debe existir un mayor compromiso por el debate inteligente, propuestas certeras, argumentos contundentes y visión equilibrada, en aras de evitar o señalar los eventuales abusos o dislates de las mayorías.
Desde todas las trincheras se deben reprobar las iniciativas que pretendan dañar nuestras instituciones democráticas, lo cual lleva implícita una cuestión de seguridad nacional. Con la aprobación unánime del decreto que crea la Guardia Nacional, en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de las entidades federativas, se ha demostrado que el gobierno federal no busca la confrontación, la imposición o el autoritarismo: muy por el contrario, la apuesta es por una versión sustancial de democracia, en la que se escuchen las diferentes voces, se tome en cuenta a la oposición y se privilegien el diálogo, el sano debate y la genuina deliberación