Por: Ricardo Monreal Avila
En los últimos decenios del siglo pasado, los gobiernos de América Latina adoptaron la doctrina económica neoliberal para estructurar sus sistemas financieros, el diseño de políticas públicas y los programas orientados a generar mayor concentración de capital privado y reducir el gasto público de los gobiernos locales.
Ya fuera por la vía electoral o a través de golpes de Estado nacidos de la política estadounidense del “Friendly Tyrant” el modelo económico dominante se caracterizó por la preeminencia de los postulados y reglas de los organismos del financierismo mundial, teniendo al crecimiento económico como medida casi exclusiva del desarrollo.
No obstante, tales postulados o previsiones nunca llegaron a cumplirse en los países latinoamericanos, lo que permitió que desde finales del siglo XX arribaran al poder grupos políticos de izquierda o centro-izquierda, orientados a lograr el establecimiento del socialismo —los más radicales— o la implementación de una socialdemocracia —los más moderados—. Sin embargo, en la región se han presentado diversos factores endógenos y exógenos de desestabilización (conflictos internos, movilizaciones sociales, presiones internacionales), que han imposibilitado la solidez de cualquier régimen.
Junto con los cambios políticos manifestados en la región, también se han presentado cambios en la sociedad latinoamericana, pues es evidente que la conciencia cívica y la participación ciudadana son ahora una constante, y las movilizaciones han sido cada vez más recurrentes, impactado con ello drásticamente las decisiones gubernamentales. Hoy por hoy, el flujo de información a través de las tecnologías de la información y la comunicación permite tener un grupo ciudadano cada vez mayor, más participativo e informado, lo cual ha tenido como corolario un creciente poder de convocatoria y un acopio cada vez más grande en las protestas.
En la actualidad hay un par de ejemplos claros de las consecuencias de una amplia participación, a través de protestas y marchas por parte de la ciudadanía, respecto de decisiones gubernamentales impopulares.
En Brasil, antes del Mundial de futbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río 2016, el gobierno de aquella nación decidió aumentar los precios del transporte público, a fin de recaudar fondos para la realización de ambos eventos. Las consecuencias fueron sendas protestas en las ciudades más importantes, que obligaron a las autoridades a ceder y buscar otras fuentes de financiamiento.
El ejemplo más reciente lo encontramos en las protestas llevadas a cabo en Ecuador, cuando el gobierno de Lenín Moreno decidió quitar un subsidio gubernamental a los combustibles, lo que acarreó una escalada de precios en todo el país, que se elevó hasta el 123 por ciento.
La reacción inmediata del pueblo ecuatoriano fue salir a las calles para enfrentar de manera pacífica las decisiones del gobierno de Moreno y presionar para revirarlas; finalmente, tras doce días de protestas, la administración cedió y el decreto que dio pie al incremento sustancial de productos de primera necesidad fue echado para atrás.
Es importante hacer notar que las protestas en Ecuador iniciaron por acuerdos firmados entre el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que esta institución financiera diera acceso a una nueva cartera de créditos por 4,209 millones de dólares, bajo la condición de que la nación andina despidiera a miles de trabajadores y eliminara los subsidios de los combustibles fósiles.
El pueblo ecuatoriano ha dado, a toda la región, una muestra de valor cívico y una lección importante: más allá de las apremiantes necesidades económicas, no puede haber gobiernos insensibles a las demandas de su pueblo.
Por otra parte, el cáncer de la corrupción ha sido el común denominador de muchos de los países de América Latina. Tenemos algunos casos recientes en naciones del Cono Sur, como Brasil o Argentina; o en Centroamérica, en territorios como Guatemala, en donde se han denunciado casos graves de corrupción que involucran a los más altos funcionarios de sus respectivos gobiernos.
Un ejemplo más es el de Perú, en donde la lucha contra la corrupción ha propiciado la caída de mandatarios como Alberto Fujimori, Alan García, Alejando Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski; este último, en razón del escándalo relacionado con la empresa Odebrecht, que fue el detonante para que en aquel país se procediera legalmente en contra de altos funcionarios gubernamentales involucrados en sobornos y tráfico de influencias.
No obstante, en Perú y otros países de Latinoamérica, la politización o la partidización que ha sufrido la lucha contra la corrupción ha traído una crisis institucional que ha puesto en jaque las posibilidades de desarrollo de las naciones, propiciando con ello un clima de tensión política y de ingobernabilidad, que no hace sino abonar a la desestabilización del continente.
Los altos índices de corrupción en muchos de los países de la región demandan medidas de todo tipo para su combate; sin embargo, los caminos para lograrlo de manera efectiva no pueden pasar por la partidización o el golpeteo político; se debe apostar necesariamente al fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones democráticas, en un sano contexto de equilibrio de poderes.
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