El Ejecutivo federal solicitó al Congreso aprobar un presupuesto 18 por ciento mayor para la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad de mejorar el combate a la impunidad.
Este 2019, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero cuenta con una bolsa de 15 mil 351 millones de pesos.
Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda pidió un presupuesto de 18 mil 202 millones de pesos, que será el primer presupuesto de la FGR como ente autónomo.
La estrategia programática de la FGR establece como una de sus prioridades para 2020 el Plan de Persecución Penal (PPP).
Este plan será presentado a más tardar en enero y buscará mejorar las capacidades de investigación y persecución de delitos complejos, así como también mejorar los resultados institucionales en términos de reducción de la impunidad, señala.
El PPP buscará hacer frente al fenómeno criminal a partir de la atención de delitos de alta complejidad y un paradigma denominado «persecución penal estratégica».
«(Se) propone maximizar el uso de las formas de terminación anticipada, optimizar los mecanismos procesales y priorizar las capacidades de investigación», agrega.
Desde esta perspectiva, los recursos disponibles se optimizarán para que la atención de los casos simples se realice a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
«Y que los casos complejos de mayor impacto social, encuentren el esfuerzo institucional especializado que requieren para su investigación y adecuada persecución», afirma.
La FGR también instrumentará el Plan Estratégico de Transición (PET), que contemplará una estrategia para atender y dar trámite a la «liquidación» de casos del anterior sistema penal.
El objetivo del PET, abunda, es gestionar el proceso de transición a efecto de posibilitar el diseño e instalación de la dependencia con base en un nuevo perfil institucional.
«En el que el concepto mismo de la justicia se modifica, pasando de uno enfocado en el juicio y la pena, a otro que enfatiza en la solución alterna de los conflictos y la persecución de los delitos complejos», indica.
«Situación que consecuentemente implica la clausura de estructuras inoperantes y la activación de una nueva arquitectura institucional coherente con el proceso sustantivo de la función fiscal».
FUENTE ; NOTIMEX , CANDELERO 09-09-19