La diputada Dulce María Sauri Riancho presentó una iniciativa de ley para reformar ocho artículos de la Constitución e incluir uno transitorio, con el objetivo de establecer un control constitucional al poder político que garantice equilibrio, transparencia, rendición de cuentas y el federalismo.
Es necesario, argumentó, establecer un control constitucional al poder político y la prohibición constitucional de que el titular de la Coordinación General y los delegados de Programas para el Desarrollo participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen de su puesto tres años antes de la fecha de las elecciones.
Esta disposición, destacó la diputada por Yucatán, tiene el propósito de evitar conflictos de intereses, con el mismo espíritu que se pretende aplicar a los exfuncionarios de la Administración Pública Federal un tiempo mínimo de varios años antes de poder trabajar en empresas particulares.
Destacó que entre los la Coordinación General y los delegados de Programas para el Desarrollo mejor conocidos como “súper-delegados”, que el Gobierno Federal tiene en todas las entidades federativas, 16 son dirigentes estatales de Morena, 10 son legisladores federales o locales -con licencia- y seis son excandidatos, cuatro de ellos a gobernador.
La legisladora priista propuso que se delimiten sus funciones y responsabilidades como servidores públicos, para así mantener el equilibrio de poderes, ya que el privilegio de controlar los recursos federales, no solo pone en peligro la naturaleza del pacto federal, sino también la división de poderes, al centralizar la fuerza política y presupuestal en una sola persona.
En su iniciativa, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRI) argumentó que los delegados tienen a su cargo el control total de los recursos de procedencia federal en los estados, sin que cuenten con un marco jurídico sólido, ni con mecanismo de coordinación entre éstos y los poderes estatales.
Por si fuera poco, sus titulares destacan por ser personas con aspiraciones políticas en sus demarcaciones, incluso algunos de ellos cuestionados en su trayectoria. A diferencia de los responsables de una Secretaría, esta figura carece de un mecanismo de control político constitucional que pueda regularlo, subrayó.
FUENTE: NOTIMEX, CANDELERO, 01-03-19.