El punto número 12 del documento “Los Sentimientos de la Nación”, elaborado por José María Morelos, dispone: “…Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.
Estas premisas fueron recogidas, aunque de modo indirecto, por el Congreso Constituyente de 1824, en el que se definió el carácter representativo, popular, federal y republicano de la nación mexicana, según estipula su Artículo 4.
No obstante, los ánimos centralistas de los grupos conservadores lograron interrumpir la vigencia de estos principios fundacionales, hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla y el advenimiento de la gran generación de liberales, que dieron luz a la Constitución de 1857.
Desde 1824, en el marco del esquema de división de poderes y de pesos y contrapesos, una de las principales funciones de supervisión o de control a cargo del Poder Legislativo ha sido la revisión de la cuenta pública y la aprobación del presupuesto anual de gastos, que conlleva la configuración del régimen fiscal o contributivo para fondear los requerimientos financieros o presupuestales del Gobierno.
En la Carta Magna de 1857 se dispuso el carácter unicameral del Poder Legislativo, cuyo ejercicio quedaría depositado en una asamblea, que se denominaría Congreso de la Unión. En las reformas del 13 de noviembre de 1874 se retoma el esquema bicameral, con el restablecimiento de la Cámara de Senadores. Sin embargo, persistió como facultad exclusiva de la Cámara Baja la tarea de examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Ejecutivo federal, aprobar el presupuesto anual de gastos e iniciar las contribuciones que a su juicio se deban decretar para cubrir aquél; en la Constitución de 1917 esto se retomó sin muchos cambios respecto a la de 1857.
Según Henry Laufenburger, el presupuesto es un programa de acción del Gobierno, expresado en cifras y sancionado por los representantes políticos de la nación. Es decir, se inscribe en la acción pública para la previsión de gastos y de ingresos de un país para un periodo determinado, sancionado por el Poder Legislativo, y que repercute de manera profunda en la estructura política, social o económica de un país.
En México, a partir de las reformas al artículo 74 constitucional, la categoría conceptual Presupuesto de Egresos de la Federación se corresponde únicamente con la previsión de las erogaciones para costear las actividades oficiales, las obras y los servicios públicos a cargo del Gobierno federal, en tanto que las estimaciones de los ingresos federales, así como los dispositivos normativos relacionados con ellos, se presentan en un documento llamado Ley de Ingresos de la Federación. Valga señalar que en la aprobación de este último sí participa el Senado de la República.
Tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos, como el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación son presentados cada año por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, a más tardar el 8 de septiembre, debiendo ser aprobados a más tardar el 15 de noviembre.
Desde el arribo de la 4T a las esferas más altas del gobierno se implementó una política presupuestal austera, congruente, incluyente y de carácter auténticamente social. Asimismo, se eliminaron los gastos superfluos de la burocracia dorada, las pensiones de los expresidentes, las subcontrataciones y el intermediarismo rapaz o las llamadas partidas secretas.
Por otro lado, el gasto de la Federación se ha encauzado, como no había sucedido en las últimas décadas, a grandes obras de infraestructura o proyectos estratégicos para detonar el desarrollo regional y nacional.
De manera inédita, se destinó a programas sociales un porcentaje considerable del presupuesto (se está considerando hasta medio billón de pesos). Con ellos se ha beneficiado de manera directa a los grupos más vulnerables, como las personas adultas mayores. Lo propio acontece con los programas de salud, la compra de vacunas contra la COVID-19, el abasto gratuito de medicamentos y las estrategias de contención de los precios de los energéticos básicos (gasolinas, gas y electricidad), para evitar una espiral inflacionaria.
Es de destacar que esta serie de reasignaciones presupuestales se llevaron a cabo sin recurrir al endeudamiento público y sin crear nuevos impuestos o aumentar las contribuciones existentes más allá de la inflación. Estos fundamentos constituyen anclas irreductibles para las políticas financieras de la 4T y son la base de una acción pública responsable, eficaz y con sentido social.
Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus no cede y las consecuencias totales de la guerra entre Rusia y Ucrania son de pronóstico reservado. Esta combinación de factores se erige en un obstáculo para contrarrestar los crecientes índices inflacionarios y contribuye a elevar las presiones sobre el presupuesto para el año próximo.
El Gobierno de la 4T debe evitar a toda cosa la autoimposición de condiciones que generen tensiones o presiones innecesarias sobre las finanzas públicas, por lo que cabría realizar, desde las más variadas instancias de los poderes constituidos, sendos ejercicios de reflexión profunda.
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