El 1 de mayo de 1886, un sindicato obrero con tintes anarquistas comenzó una importante brega por el establecimiento de jornadas laborales de ocho horas en la ciudad de Chicago; tres días después, la lucha se convirtió en la Revuelta de Haymarket, que derivó en la ejecución de todos los trabajadores que estuvieron involucrados.
Los “Mártires de Chicago”, como se les conoció posteriormente, fueron homenajeados y, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París, Francia, en 1889, se decidió conmemorar desde entonces el 1 de mayo como el día las luchas y reivindicaciones de la clase trabajadora, efeméride que celebra sus conquistas y recuerda el episodio ocurrido en la ciudad estadounidense.
En México las luchas obreras se habían hecho presentes instantes antes del estallido revolucionario, con las emblemáticas huelgas de Cananea y Río Blanco, cuyas demandas se recogieron en la posterior redacción de la Carta Magna de 1917, lo que representó una conquista histórica sin precedente, pues se elevaron a rango constitucional los derechos laborales.
La Carta Fundamental mexicana de 1917 y la similar alemana de 1919 inauguraron una era de constitucionalismo de corte social, el cual influenció de manera notable a Occidente. Esto se hizo patente después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco del prominente avance ideológico-territorial del comunismo del lado oriental, lo que detonó que tanto las grandes potencias como los países más pequeños se dedicaran a estructurar esquemas jurídico-políticos pensados para beneficiar en mayor medida a la clase trabajadora.
En nuestro país, el antecedente de la celebración del 1 de mayo se remonta a 1913, cuando en plena Revolución 20,000 trabajadores marcharon en las calles de la Ciudad de México para exigirle al gobierno usurpador de Victoriano Huerta la implementación de jornadas de trabajo de ocho horas. No obstante, hasta 1923, durante el mandato de Álvaro Obregón, se declaró esa fecha como el Día del Trabajo en México, pero hasta 1925, con Plutarco Elías Calles como presidente, la conmemoración se hizo oficial.
El Estado mexicano, luego de la gesta revolucionaria, asumiría la obligación histórica y moral de respetar todas las conquistas y consignas enarboladas en las luchas obreras del pasado, las cuales trascenderían en beneficio de las generaciones posteriores. Sin embargo, con la evolución de esquemas con base en un capitalismo voraz —también conocido como “capitalismo salvaje”—, muchos de esos avances fueron ignorados paulatina y sistemáticamente en perjuicio de los trabajadores más jóvenes.
La llegada del neoliberalismo como doctrina político-económica dominante impulsó, a partir de 1982 y de manera estrepitosa, la cancelación de una serie de beneficios derivados de las conquistas históricas de la clase trabajadora en nuestro país.
Debido al sobreendeudamiento propiciado por los gobiernos de décadas pasadas y a las medidas financieras para afrontar la crisis, las cuales incluyeron recomendaciones de organismos financieros internacionales y la inyección de capital extranjero, se fueron adoptando políticas de discontinuidad o eliminación gradual, lo que implicó, entre otras acciones, la reducción paulatina de los salarios en términos reales y el recorte del gasto social, así como de la inversión pública en infraestructura, educación y salud.
De esta manera, hace poco más de tres décadas se fueron asestando golpes directos a los derechos o beneficios de las trabajadoras y los trabajadores, y consintiendo, desde la “legalidad” abusos como la sobreexplotación, la precarización de los sueldos, la falta de seguridad social y la imposibilidad de acceder a beneficios como la sindicalización o el reparto de utilidades.
Esto encierra, además, la gravedad de haber comprometido el futuro de muchas generaciones de connacionales, haciéndose nugatorio el contenido de los artículos 5 y 123 constitucionales, así como la posibilidad de procurarse una vida digna.
Las reformas laborales de las últimas administraciones federales son prueba irrefutable de la imposición de medidas impopulares y regresivas de carácter neoliberal, ante la necesidad de una élite por socavar lo que restaba de los derechos de la clase trabajadora de nuestro país.
La flexibilidad legal fue la llave para permitir los más recientes abusos al sector obrero: contratos a prueba o de renovación cada tres, seis o doce meses, y cambios de razón social empresarial, lo cual impedía la generación de antigüedad y ponía en riesgo la estabilidad en el trabajo; reducción de beneficios o prestaciones, como primas vacacionales, reparto de utilidades, seguridad social o laboral, entre otras.
Todo ello se agudizó con la llegada de los esquemas no regulados de subcontratación, modelos que en nuestro país propiciaron una marejada de casos de evasión de obligaciones tanto laborales como fiscales.
Con tales antecedentes, el Gobierno actual se dio a la tarea de reivindicar los derechos laborales, de manera integral. En el contexto de la celebración del 1 de mayo de 2021, es posible enumerar algunos de estos resultados recientes que beneficiarán en el corto y en el mediano plazo a la clase trabajadora de nuestro país.
El salario mínimo, en los últimos dos años, ha crecido por encima de la inflación, contraviniendo de ese modo la fórmula implementada durante el periodo neoliberal. Por otro lado, la firma y entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio que, a diferencia del TLCAN, sí contempla un capítulo completo para el tema laboral, obligará a los participantes del acuerdo a reducir las asimetrías salariales en industrias clave, así como defender la existencia y práctica de la democracia sindical.
Asimismo, entre este año y el anterior, la regulación de la subcontratación o outsourcing es para el Gobierno de la 4T un triunfo histórico en beneficio de 4 millones de trabajadoras y trabajadores que tendrán, a partir de 2022, mejoras sustanciales en sus condiciones laborales, salariales y de prestaciones sociales, de las cuales se les deposeyó con la complacencia de administraciones previas.
Transitar a un cumplimiento sustancial de los derechos humanos laborales, trayendo a cuenta las luchas históricas de las y los trabajadores, es uno de los propósitos fundamentales de la 4T.
Sin duda se debe seguir conmemorando la efeméride del 1 de mayo, pero en plena congruencia con el principio de progresividad de los derechos humanos laborales.
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