Con la llegada del Gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro país ha vivido diversos cambios con el objetivo de erradicar la corrupción y de separar los intereses económicos del poder público.
Hemos visto la transformación del Poder Ejecutivo que ha buscado terminar con contratos amañados que se hicieron para beneficiar a unos cuantos; también se han realizado acciones para lograr que los grandes contribuyentes, es decir las empresas y personas más ricas del país, paguen impuestos al igual que todas y todos los trabajadores.
En el pasado lograban acuerdos con los gobiernos para no pagar, o bien, desarrollaban “estrategias fiscales” para engañar al gobierno y evadir el pago de sus obligaciones.
El Poder Legislativo se unió a la transformación que mandataron los ciudadanos por medio de su voto, eliminando privilegios y gastos superfluos, se redujeron los sueldos de las y los legisladores, además se detuvo una de las prácticas más corruptas del país: “los moches”, que les permitía cobrar porcentajes por designar presupuesto federal para obra pública a estados y municipios.
Aunque hubo resistencias de la oposición y de los intereses económicos que fueron afectados, la firmeza del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el hecho de que Morena contara con mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lograron cambios profundos en el sistema político para terminar con las malas prácticas que dañaron a nuestro país durante décadas.
Sin embargo, el Poder Judicial se ha rezagado en la transformación democrática, los representantes de este poder se han resistido al cambio con tal de mantener privilegios y proteger los intereses de los grupos a los que pertenecen.
La corrupción ha sido un gran desafío, que desafortunadamente ha encontrado refugio en el Sistema Judicial, hemos visto con asombro como los Tribunales han sido utilizados para detener la lucha contra este mal, ya sea emitiendo Amparos a empresas saqueadoras del presupuesto público, o para detener los proyectos del Gobierno Federal, incluso echando abajo reformas aprobadas en el Poder Legislativo; además, en los últimos meses se han tomado decisiones cuestionables para favorecer a presuntos delincuentes, por encima de la propia ley.
Estas prácticas se ven en todos los niveles del Sistema Judicial, por ello, consideramos indispensable una reforma para adaptar a este poder a la realidad del país, evitar que se mantenga en el viejo régimen y permita que las y los mexicanos nos desarrollemos en un país más justo, con menos desigualdad.
Como Senador de la República presenté una Iniciativa que propone que las y los integrantes del Poder Judicial sean electos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral, el objetivo es que las y los Jueces obedezcan a los intereses del pueblo que los eligió, y no a los de los grupos que los impulsaron para llegar a sus cargos.
Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario de Morena seguiremos luchando para que la transformación del país alcance a todos los Poderes y a todos los niveles del gobierno, nuestra prioridad es eliminar totalmente las prácticas que no permiten que la justicia y el crecimiento económico llegue a todos los hogares de nuestro país.