El Instituto Nacional de Migración (INM) planteó que defensores públicos brinden apoyo legal a extranjeros detenidos en el país.
El pasado 20 de junio, detalló en un comunicado, presentó una solicitud formal al respecto a la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero.
La propuesta, explicó, es que todas las personas sujetas a procedimientos migratorios cuenten con un defensor de oficio para su protección jurídica.
Con ello, añadió, se busca dar cumplimiento a la determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el derecho irrenunciable de las personas extranjeras sujetas a un procedimiento migratorio a contar con una defensa adecuada.
«Esta autoridad migratoria propone al Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, concretar un convenio de coordinación institucional para garantizar el acceso de abogados de oficio a las estaciones migratorias a fin de asistir jurídicamente a las personas extranjeras alojadas», precisó.
Desde el pasado 17 de marzo, agregó, el INM emitió instrucciones para que la temporalidad máxima de una persona extranjera en condición de movilidad en una estación migratoria sea de 36 horas.
El pasado 15 de de marzo, la Primera Sala de la SCJN resolvió que que los periodos de 15 y hasta 60 días hábiles de alojamiento de extranjeros en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, son inconstitucionales.
Además, determinó que en todo procedimiento migratorio, ya sea frente a la «imposibilidad» o la «negativa» de un extranjero detenido de designar a una persona para su defensa adecuada, el Estado está obligado a asignarle una persona defensora de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección.
Con información de Reforma