El Paquete Económico entregado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre propone aprobar un monto de mil millones de pesos para el programa de separación voluntaria y continuar así con la reducción de personal dentro de la administración pública federal.
El monto previsto servirá para hacer frente a las obligaciones de las plazas que se eliminarán, sobre todo de directores generales adjuntos, más los que decidan retirarse de otros niveles, como personal de confianza y de gabinete.
Según el analítico de plazas y remuneraciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se podrían eliminar 479 plazas de directores generales adjuntos, que generarían un ahorro de más de 700 millones de pesos.
Lo anterior es parte de la política de austeridad del gobierno federal y reestructura en las dependencias y entidades del sector público.
La estructura organizacional de la administración pública señala que los directores generales adjuntos pertenecen al Grupo L del personal de mando, es decir, cuatro lugares abajo del secretario de Estado, subsecretario, jefe de unidad y director general.
Son servidores con un sueldo mínimo de 69 mil 187 pesos mensuales y máximo de 82 mil 555 pesos, con prestaciones en efectivo y especie de entre 17 mil 698 pesos y 20 mil 494 pesos mensuales.
El monto propuesto para el programa de separación voluntaria no aumenta, ya que es la misma cantidad que se aprobó para el ejercicio fiscal vigente del año en curso.
Esos recursos servirán para el pago de tres meses de sueldo mensual bruto de los servidores que decidan acogerse al programa.
También servirán para el pago de 20 días de sueldo mensual bruto por cada año de servicio, 12 días de sueldo mensual por cada año de servicio, el pago de 14 meses de salario mensual bruto, compensación económica y el pago de prima por años de servicio con base en la norma que regula e Programa de Separación Voluntaria.
En el gasto previsto para 2020 se menciona en la estrategia programática que el Programa de Separación Laboral es un mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de relación laboral como consecuencia de reestructuraciones a la administración pública, la desincorporación de entidades, la cancelación de plazas o eliminación de unidades administrativas de dependencias o entidades.
El monto destinado para esta partida no han variado en los últimos dos años, pues para 2018 se aprobaron 890 millones 216 mil 398 pesos; este monto fue similar al avalado para 2017, con una partida de 882 millones 447 mil 741 pesos, respetando la cantidad que propuso el Ejecutivo.
Fue en 2016 cuando este programa contó con los mayores recursos aprobados, por dos mil 135 millones de pesos, tomando en cuenta que se estimó que un total de 15 mil 825 servidores públicos perderían su trabajo por recortes presupuestales.
Según información de la subsecretaría de Hacienda, hasta el primer semestre del 2019 se habían devuelto 8 mil 353 plazas como resultado de la reestructura de las áreas, eficiencias y evitar duplicidad de funciones.
En muchos casos se devolvieron plazas que estaban vacantes. La dependencia indica que no representaron un ahorro de recursos, pues ya había un recorte en la nómina.
FUENTE: EL UNIVERSAL, CANDELERO, 22-09-19.