La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que una investigación elaborada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó una presunta red de colusión relacionada con adquisiciones de material electoral que habría operado durante casi tres décadas, por lo que insistió en la necesidad de transparentar los procesos de contratación y dar seguimiento a las indagatorias correspondientes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los hallazgos apuntan a la existencia de un conglomerado empresarial vinculado a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos contratos con instituciones electorales se habrían extendido por varios años. En ese contexto, señaló que el objetivo principal debe ser esclarecer los mecanismos de adjudicación y garantizar la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Sheinbaum destacó que, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dicha estructura empresarial habría fortalecido su presencia en organismos electorales a partir de distintos procesos de contratación desarrollados tanto a nivel local como nacional. Asimismo, indicó que las autoridades competentes deberán determinar si existieron irregularidades y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.
Como parte de las acciones para reforzar la transparencia, la titular del Ejecutivo anunció que la próxima semana se presentará un decreto orientado a fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de material electoral. Explicó que la propuesta contempla ampliar la integración de su Consejo de Administración con dependencias federales, instituciones académicas y la participación de la Auditoría Superior de la Federación como observadora.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que la investigación permitió rastrear vínculos entre empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas y procesos de contratación electoral registrados durante los últimos 27 años. Según explicó, para comprender el alcance de la red es necesario revisar antecedentes que se remontan a la década de 1980.
La funcionaria detalló una cronología que incluye la participación de los señalados en distintas áreas de la administración pública y la creación de empresas que posteriormente incursionaron en el mercado de suministros electorales. Añadió que, tras la reforma electoral de 2014, dichas compañías ampliaron su presencia como proveedoras de organismos electorales en diversas entidades del país.
De acuerdo con la investigación expuesta, entre 2015 y 2023 múltiples Organismos Públicos Locales Electorales asignaron contratos a empresas vinculadas con los Hernández Casillas. Posteriormente, entre 2024 y 2025, dichas compañías continuaron obteniendo adjudicaciones en distintos estados.
Buenrostro Sánchez subrayó que la revisión y eventual sanción de posibles irregularidades corresponde a las instancias facultadas para ello, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos de control y, en caso de ser necesario, la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera. Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción trabaja en mecanismos preventivos para evitar que esquemas similares puedan reproducirse dentro de la Administración Pública Federal.