México lidera el ranking global de los pasaportes más costosos, con un precio de 4,120 pesos por el documento con vigencia de 10 años, cifra que representa cerca del 49% del salario mínimo mensual vigente en el país.
Con un equivalente aproximado a 215 dólares, el pasaporte mexicano supera en precio absoluto al de naciones como Turquía, Australia y Estados Unidos, según análisis de plataformas como Compare the Market y Visual Capitalist.
En contraste, el pasaporte turco, ubicado en segundo lugar, tiene un costo estimado de 309 dólares, mientras que el documento australiano ronda los 267 dólares. En Estados Unidos, el trámite para una duración similar se sitúa en 252 dólares. En países como Emiratos Árabes Unidos e India, los precios bajan considerablemente, siendo de 17 y 28 dólares, respectivamente.
El alto precio del pasaporte en México ha sido objeto de cuestionamientos por parte de ciudadanos y expertos, quienes consideran que limita el acceso a la movilidad internacional, especialmente entre personas con bajos ingresos. Los gastos adicionales, como tasas aeroportuarias y derechos de salida, agravan aún más la situación para quienes desean viajar al extranjero.
Actualmente, el salario mínimo en México es de 278.80 pesos diarios, lo que representa aproximadamente 8,364 pesos al mes. Con ese ingreso, tramitar un pasaporte de 10 años equivale a destinar casi la mitad del sueldo mensual, excluyendo otros costos asociados al viaje.
Aunque el documento mexicano incluye altos niveles de seguridad, como chips electrónicos, elementos biométricos y protocolos internacionales de verificación, especialistas afirman que esto no justifica su elevado precio. Países con características tecnológicas similares, como Alemania o Canadá, ofrecen sus pasaportes a precios considerablemente menores. Por ejemplo, en España, el costo es de apenas 30 euros, poco más de 600 pesos mexicanos.
El pasaporte en México puede solicitarse por 3, 6 o 10 años, siendo este último el más popular por su conveniencia a largo plazo. Sin embargo, para millones de personas que viven con ingresos mínimos, obtenerlo continúa siendo un desafío económico considerable, lo que restringe su derecho a migrar, estudiar o trabajar fuera del país.