Para agilizar la identificación de cuerpos en poder de los servicios médicos forenses del país, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) llamó a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para el cotejo sistemático de las huellas dactilares y demás datos biométricos contenidos en el Padrón Electoral de todas las personas fallecidas no identificadas bajo su resguardo.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández, Yeidckol Polevnsky y el senador Alberto Anaya Gutiérrez solicitaron, además, que se establezca una estrategia nacional para abatir el rezago en materia de identificación humana.
Esta estrategia debe contener la digitalización y revisión de los archivos dactiloscópicos históricos; la incorporación de la información obtenida al Banco Nacional de Datos Forenses; la definición de metas, plazos e indicadores verificables; así como la publicación periódica de los avances alcanzados en la identificación y restitución digna de personas fallecidas a sus familias.
Al presentar la propuesta, la senadora Yeidckol Polevnsky señaló que en México se contabilizaban 132 mil 462 personas desaparecidas, mientras que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos estima que existen al menos 72 mil personas fallecidas sin identificar, cuyos cuerpos o restos podrían encontrarse en servicios periciales, instalaciones ministeriales, fosas comunes y otros espacios de resguardo.
“Este rezago forense se ha acumulado durante décadas y constituye uno de los mayores desafíos para las instituciones encargadas de la procuración de justicia, la búsqueda de personas y la identificación humana”, destacó la legisladora.
Asimismo, dijo que su atención requiere continuidad, recursos, cooperación técnica y una coordinación efectiva entre la Federación, las entidades federativas y los organismos constitucionales autónomos.
Yeidckol Polevnsky resaltó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha colocado la búsqueda de personas entre sus prioridades y ha impulsado una nueva etapa orientada a fortalecer las capacidades institucionales, aprovechar la tecnología disponible y mejorar el intercambio de información entre autoridades.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ha conducido los esfuerzos de coordinación entre las dependencias federales, las fiscalías, las comisiones de búsqueda, las entidades federativas y las familias. En agosto de 2026, presentó diez acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“Los resultados alcanzados confirman la importancia de dar continuidad a esta política. La Secretaría de Gobernación informó que, de julio de 2025 a agosto de 2026, las acciones gubernamentales permitieron localizar a 13 mil 625 personas, de las cuales el 90 por ciento fueron encontradas con vida”, mencionó la legisladora del GPPT.
De ese total, 6 mil 939 personas fueron localizadas mediante la Plataforma Única de Identidad; 3 mil 39, como resultado de la estrategia coordinada con las entidades federativas; 2 mil 572, a través de la Alerta Nacional de Búsqueda; y mil 75, mediante acciones directas de búsqueda en territorio.
“Estos datos muestran que la coordinación institucional y el uso responsable de la información pueden convertirse en resultados concretos para las familias”, enfatizó Yeidckol Polevnsky.
Por lo anterior, aseguró que resulta indispensable seguir fortaleciendo la identificación humana con un trabajo científico, especializado y multidisciplinario que integre métodos dactiloscópicos, genéticos, odontológicos, antropológicos y médicos, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren los cuerpos o restos humanos.
“Ninguna herramienta sustituye a las demás; todas deben emplearse de manera complementaria para construir y confirmar científicamente una identidad”, aseveró.
Finalmente, Polevnsky resaltó que México cuenta con una herramienta de enorme valor para realizar estos cotejos: la base de datos biométrica del Instituto Nacional Electoral, cuyo Padrón Electoral concentra información identificativa de millones de ciudadanas y ciudadanos, incluidas fotografías y huellas dactilares recabadas para la expedición de la Credencial para Votar.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictaminación.