x.- Crece la ola de miedo e indignación.
En menos de quince días, dos estudiantes universitarias desaparecen y aparecen asesinadas en el Estado.
Ya no se trata de hechos aislados: es una alerta roja sobre la seguridad de las estudiantes y sobre la capacidad institucional para protegerlas. Y si esta crisis no se atiende con rapidez y transparencia, podría convertirse también en un factor de presión política rumbo a las elecciones de 2027.
Primero fue Kimberly Ramos Beltrán.
Ahora Karol Toledo, estudiante del campus Mazatepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Karol desapareció al salir a comprar comida cerca de su escuela.
La preocupación creció con el paso de las horas y días después llegó la noticia que nadie quería escuchar: su cuerpo fue localizado sin vida en la zona de Coatetelco, en el municipio de Miacatlán.
Dos casos que han golpeado profundamente a la comunidad universitaria y que obligan a hacer preguntas incómodas.
¿Qué está pasando con la seguridad en los entornos universitarios?
¿Existen protocolos eficaces para reaccionar cuando una estudiante desaparece?
¿Y qué garantías tienen hoy los jóvenes para trasladarse entre su casa, la escuela y en su comunidad?
Las marchas y protestas que comienzan a surgir no son casualidad.
Son la expresión de una comunidad que exige algo elemental: seguridad y justicia.
Aquí hay tres instituciones directamente interpeladas.
El gobierno estatal encabezado por Margarita González Saravia, responsable de la Seguridad Pública.
La Fiscalía de Morelos, encargada de investigar y esclarecer los hechos.
Y la rectoría de la UAEM, encabezada por Viridiana Aydeé León Hernández, responsable de los protocolos de protección para sus estudiantes.
Pero además hay un elemento político que no puede ignorarse.
México se encamina hacia una nueva etapa de reformas políticas impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras en los Estados comienzan a configurarse los escenarios rumbo a las elecciones de 2027.
Si la indignación social crece y las respuestas institucionales no llegan, este tema podría convertirse en bandera de movilización política, incluso dentro de los propios partidos aliados del gobierno.
Porque en política, cuando la autoridad no ocupa el espacio con respuestas claras, alguien más lo hace.
Por eso este momento exige algo simple pero urgente: investigaciones rápidas, resultados contundentes y señales firmes de que la seguridad de las estudiantes es una prioridad real.
Porque más allá de cualquier cálculo electoral, hay una verdad que no admite discusión:
Cuando una estudiante sale a la escuela, debe regresar a casa con vida.
Y hoy, en Morelos, esa certeza está siendo puesta a prueba.
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