La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alertó sobre posibles afectaciones a los derechos humanos y a los mecanismos de control civil que implican la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas en materia de seguridad pública actualmente en análisis en el Congreso mexicano, al considerar que refuerzan una “indebida naturaleza militar”.
A través de un hilo publicado en su cuenta oficial en X, la ONU-DH señaló que la legislación propuesta otorgaría facultades excesivas a la Guardia Nacional en actividades de investigación e inteligencia, sin establecer los debidos mecanismos democráticos de supervisión ni esquemas sólidos de rendición de cuentas.
De acuerdo con la ONU-DH, estas nuevas atribuciones se inscriben en una tendencia de creciente militarización de la seguridad pública, lo que representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho en el país.
El organismo también manifestó su preocupación por disposiciones legales que permitirían al Ejército manejar información de inteligencia, lo que, según la ONU-DH, podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad.
En su análisis, la ONU-DH indicó que esta medida carece de salvaguardas eficaces y contraviene lo estipulado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por México.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, sujeta a controles democráticos y plenamente respetuosa de los derechos humanos”, subrayó el organismo internacional en sus publicaciones.
Las reformas actualmente discutidas por el Congreso contemplan modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Organizaciones civiles y académicos han coincidido con las advertencias de la ONU-DH, señalando que estas reformas podrían legitimar prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas civiles.
Aunque legalmente tiene carácter civil, la Guardia Nacional se encuentra bajo control operativo del Ejército desde 2019, lo que ha sido criticado por distintos organismos nacionales e internacionales.
El pronunciamiento de la ONU-DH se suma a otras voces internacionales que urgen al Estado mexicano a preservar los principios democráticos y los derechos humanos en su política de seguridad. Las reformas ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y continúan su análisis en el Senado.