La Fiscalía del Estado de Jalisco, realizó una disculpa pública por la desaparición de cuatro personas ocurrida en 2010, un evento que marca un precedente en el estado del país con el mayor número de casos de personas con paradero desconocido.
Este acto se llevó a cabo con quejas por parte de las víctimas indirectas y colectivos de búsqueda. La disculpa es una respuesta a la recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2023.
Y es que, la CNDH señaló omisiones en la investigación y búsqueda de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, y dos individuos conocidos como Bernardo y Carolina, quienes desaparecieron en 2010 en los límites entre Jalisco y Zacatecas.
QUEJAS Y DESACUERDOS
Natividad Guerrero, madre de Dalia Guadalupe y pionera en la movilización por la búsqueda de personas en la región, denunció que la Fiscalía no trató a las familias con la dignidad debida. Señaló que hubo intentos de incumplir varios acuerdos para la realización del evento.
Entre las irregularidades, mencionó que el gobierno estatal se negó a una difusión masiva del evento, intentó evitar que se realizara en el Palacio de Gobierno, cambió la fecha en tres ocasiones y trató de impedir que familiares y organizaciones asesoras tomaran la palabra.
Además, inicialmente se negó el acceso a representantes de medios de comunicación, quienes finalmente pudieron ingresar gracias a la solicitud expresa de Natividad Guerrero.
Guerrero expresó que, a pesar de la disculpa, el acto pareció «un mero acto o trámite realizado por cumplir, sin entender lo que significa para las víctimas», y que no ha dignificado la memoria de los desaparecidos ni ha marcado un cambio en la atención de los casos.
LA RESPUESTA OFICIAL
Jalisco concentra el mayor número de casos de personas desaparecidas en México, con 15 mil 531 de un total de 132 mil 563 a nivel nacional, según la Comisión Nacional de Búsqueda.
El gobernador, Pablo Lemus Navarro, no estuvo presente en el evento y envió en su lugar a Salvador Zamora, secretario del Gobierno, quien reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por violar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la integridad personal de las víctimas, tanto directas como indirectas, en este suceso ocurrido hace 15 años.
Jesús Eduardo Villa, representante de la CNDH, enfatizó que, además de la disculpa pública, el Gobierno de Jalisco debe asegurar la reparación integral del daño y tomar las medidas necesarias para ello, incluyendo la no repetición de tales hechos.
DIARIO DE MÉXICO