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El diputado Armando Contreras Castillo advirtió que permanecen encarcelados ocho mil indígenas por falta de intérpretes y abogados.

El diputado de Morena señaló que actualmente existen ocho mil indígenas en prisión con muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso “y la más importante y marcada en cada caso es la falta de un intérprete”.

Contreras Castillo planteó exhortar al fiscal general de la República a emprender acciones para garantizar el debido proceso desde su detención, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su contexto sociocultural.

Aseguró que con estas medidas, el sistema judicial tendría menos procesos, y si desde su detención se les explican sus derechos, entre ellos contar con un intérprete.

La iniciativa remitida a la Comisión de Pueblos Indígenas, también propone solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implantar medidas reales y eficientes, a fin de que se realice un programa de difusión en televisión, radio y prensa escrita, para orientar e informar a la comunidad indígena sobre sus derechos en caso de detención.

El legislador, integrante de la Comisión de Justicia, indicó que México es un país diverso, prueba de ello es el reconocimiento de 68 lenguas indígenas; sin embargo, sólo 7 millones 382 mil 785 personas hablan alguna de esas lenguas. Y de ellos, cerca de 1 millón hablan una lengua indígena y no se expresan en español, son monolingües.

Estimó que el derecho de las personas indígenas a contar con traductor o intérprete no debe condicionarse al nivel de castellanización. Cuando una persona se reconoce como indígena y solicita ejercer sus derechos debe ser atendida de inmediato por la autoridad jurisdiccional.

Sin embargo, en la práctica, en muchas ocasiones los indígenas son detenidos y en su cartilla de derechos no les indican que tienen derecho al intérprete, teniendo lagunas jurídicas o de improcedencia dentro del juicio por no entender lo que les dicen, y permanecen meses o años privados de su libertad.

Refirió que de acuerdo con Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2017 más de ocho mil indígenas se encontraban privados de su libertad en México por la comisión de diversos delitos, con la particularidad de que la mayoría de los procedimientos generalmente están plagados de irregularidades, no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus casos.

El Diputado señaló que las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario nacional son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero.

Contreras Castillo destacó que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos no sólo en instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio, sino en la Constitución Política, donde se establece el pleno acceso a la justicia.

“Desgraciadamente, y a pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado en la práctica procesal, se continúan violando los derechos procesales de los indígenas y esta sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial”, concluyó.

FUENTE: NOTIMEX, CANDELERO, 18-03-19.