Columna de Hierro.
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CUERNAVACA MOR. 29 06 2026.- Subir una tarifa nunca es popular. Mucho menos cuando el bolsillo de la gente lleva años soportando aumentos en prácticamente todo: alimentos, medicinas, electricidad, gas y servicios.
Ahora le tocó al transporte público de Morelos. De 10 a 13 pesos. Un incremento cercano al 30% que desató protestas, tomó por sorpresa a miles de usuarios y terminó convirtiéndose en un problema político para el gobierno estatal.
La reacción no se hizo esperar. Manifestantes bloquearon accesos al Palacio de Gobierno y una mujer, desesperada, escaló hasta un segundo piso amenazando con arrojarse al vacío. La intervención personal de la gobernadora evitó una tragedia, pero dejó al descubierto el tamaño del descontento social.
Frente a la inconformidad nació Olin, palabra náhuatl que significa movimiento. El programa promete subsidios de hasta mil pesos mensuales para estudiantes universitarios de instituciones públicas mediante una tarjeta electrónica y, posteriormente, se extendería a personas con discapacidad y adultos mayores.
La idea no es nueva. En la Ciudad de México el transporte para los adultos mayores tiene apoyos importantes; Estados como Jalisco, Nuevo León y Yucatán mantienen esquemas de tarifas preferenciales para estudiantes y otros sectores vulnerables. Incluso países como Luxemburgo decidieron hacer gratuito el transporte público. La diferencia es que esos beneficios descansan sobre sistemas modernos, supervisados y con reglas claras.
Ahí está el verdadero desafío para Morelos.
Porque los transportistas no son instituciones de beneficencia. Si ofrecerán descuentos, alguien tendrá que pagar la diferencia. Es decir, el subsidio saldrá finalmente del dinero de todos los contribuyentes. Y si habrá recursos públicos, también debe haber obligaciones públicas.
No basta con entregar tarjetas. Es indispensable exigir resultados.
Que salgan de circulación las unidades destartaladas.
Que los camiones en malas condiciones sean enviados al corralón.
Que se sancione a los operadores que convierten las calles en pistas de carreras.
Que exista supervisión permanente, GPS, revisiones técnicas y mecanismos sencillos para denunciar abusos.
Los usuarios no sólo pagan un boleto. También ponen en manos de los concesionarios su vida y la de sus familias.
Por eso la discusión no debe centrarse únicamente en tres pesos más o tres pesos menos.
La verdadera pregunta es otra:
¿Ese incremento comprará un mejor transporte o simplemente servirá para mantener las mismas unidades viejas, el mismo mal servicio y los mismos riesgos de siempre?
Si Olin se convierte en el inicio de una transformación del transporte público, el gobierno podrá defender su decisión. Pero si dentro de unos meses todo sigue igual y únicamente cambió el precio del pasaje, entonces esos tres pesos habrán resultado mucho más caros de lo que indica la tarifa.
Porque la confianza ciudadana, cuando se pierde, cuesta mucho más que tres pesos, recuperarla.
eusebiogimeno@gmail.com