Durante décadas, el Estado de Morelos ha transitado de ser un remanso de tranquilidad a convertirse en un territorio disputado por organizaciones criminales de alcance regional y nacional.
Lo que hoy vive la Entidad no es producto de la casualidad ni de un solo gobierno; es el resultado de una herencia acumulativa de omisiones, tolerancias y estrategias fallidas que, Administración tras Administración, permitieron la consolidación de un verdadero santuario para el crimen organizado.
Los antecedentes de esta historia pueden rastrearse hasta finales del siglo pasado. Durante el gobierno de Antonio Riva Palacio López, Morelos comenzó a experimentar prácticas de represión política que sembraron una cultura de impunidad. En ese contexto surgieron figuras policiacas controvertidas, señaladas por su presunta participación en desapariciones y persecuciones de opositores.
Aunque estos episodios no estaban directamente vinculados al narcotráfico, sí sentaron las bases de un sistema institucional vulnerable a la infiltración criminal.
El punto de inflexión llegó en la década de los 90s, cuando la Entidad empezó a figurar en el mapa del narcotráfico nacional. La cercanía con la Ciudad de México, su infraestructura y su relativa calma social convirtieron a Morelos en un refugio ideal para importantes capos. Durante el gobierno del General Jorge Carrillo Olea, el Estado fue identificado como un lugar de residencia y operación para figuras emblemáticas del narcotráfico, como Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y José Esparragoza Moreno, “El Azul”. Paralelamente, el secuestro se consolidó como uno de los delitos de mayor impacto social, marcando a toda una generación de morelenses.
La alternancia política del año 2000 no significó un cambio sustancial en materia de seguridad.
Con el arribo del primer gobierno panista encabezado por Sergio Estrada Cajigal, las expectativas de transformación se diluyeron rápidamente. Las redes delictivas continuaron operando y consolidando su presencia en el Estado, mientras que las instituciones encargadas de la seguridad mostraban limitaciones estructurales para enfrentar el fenómeno.
Posteriormente, durante la administración de Marco Antonio Adame Castillo, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.
En el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, comenzaron a registrarse escenas de alto impacto, como la aparición de cuerpos colgados en puentes y un incremento significativo de ejecuciones, reflejo de la disputa territorial entre organizaciones criminales tras la fragmentación de los grandes cárteles.
El sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu profundizó la complejidad del escenario.
La fragmentación de los Cárteles dio paso a la proliferación de grupos locales y regionales, entre ellos “Los Rojos”, encabezados por Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”. A ello se sumó la influencia de organizaciones provenientes del vecino Estado de Guerrero, lo que intensificó la violencia mediante extorsiones, secuestros y homicidios.
Lejos de revertirse, la problemática persistió durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Morelos se convirtió en un tablero donde convergieron múltiples organizaciones criminales, entre ellas células vinculadas al Cártel de Sinaloa y a La Familia Michoacana, además de diversas bandas locales.
Esta fragmentación generó un entramado delictivo complejo que incrementó la incidencia de delitos de alto impacto y profundizó la percepción de inseguridad entre la población.
Hoy, con la llegada al gobierno estatal de Margarita González Saravia, el desafío es mayúsculo.
La nueva administración enfrenta un escenario marcado por décadas de abandono institucional y por la consolidación de estructuras criminales profundamente arraigadas.
La reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el anuncio de un reforzamiento de la presencia federal en la Entidad, reflejan la gravedad de la situación.
Sin embargo, más allá de los despliegues de patrullas y convoyes que recorren calles y avenidas con torretas encendidas, la ciudadanía demanda una estrategia integral basada en inteligencia, investigación financiera y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.
Los verdaderos líderes del crimen organizado no se encuentran en las esquinas, sino en complejas redes económicas y logísticas que requieren acciones más profundas para ser desarticuladas.
La historia reciente de Morelos demuestra que la inseguridad no es el resultado de un solo sexenio, sino de una cadena de responsabilidades compartidas.
Cada gobierno heredó el problema al siguiente, permitiendo que el crimen organizado se consolidara hasta convertir al Estado en un auténtico santuario para sus operaciones.
Romper este ciclo exige voluntad política, fortalecimiento institucional y una estrategia sostenida en el tiempo.
De lo contrario, Morelos seguirá siendo ejemplo de cómo la omisión y la falta de continuidad en las políticas públicas pueden transformar a una Entidad privilegiada por su ubicación y riqueza cultural en un territorio marcado por la violencia.
El reto está planteado. La historia juzgará si, finalmente, algún gobierno logra revertir medio siglo de una herencia que ha costado demasiado a los morelenses.
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