El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a la reconciliación con el Poder Judicial y se manifestó contra la posibilidad de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte, una vez que el máximo tribunal desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial.
“Yo no creo que sea correcto enjuiciarlos políticamente y destituirlos (…) Después de la resolución que decretó y señaló que es correcta la reforma judicial, constitucional, para qué buscar más desencuentros, si finalmente nosotros tenemos que ser magnánimos con los resultados, no ser más insistentes en buscar profundidad en el desencuentro.
“Yo, al contrario, buscaría una conciliación, una vez que ya se emitió la resolución definitiva”, puntualizó.
En una conversación con representantes de los medios de comunicación en San Lázaro, el legislador subrayó que, a partir de la resolución de la Corte el martes 5 de noviembre, todos deberían retomar y retornar a la institucionalidad, en lugar de buscar más desencuentros.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro sostuvo que el hecho de haber triunfado el estado de derecho debe tenerlos tranquilos y debe obligarlos a buscar encuentros y conciliación con quienes no coinciden con nosotros.
—¿Incluso con los actuales ministros, con la presidenta de la Corte, Norma Piña?—, se le inquirió.
«Claro, también, porque si ganaste, para qué buscas pleito, es lo que yo no entiendo. Si ya te dio la razón la justicia y ya la Corte por mayoría te dio la razón, para qué buscas mayor encono», dijo.
En ese contexto, Monreal expresó su desacuerdo con sus aliados del PT e incluso legisladores morenistas que han promovido juicio político contra los ministros que en su momento cuestionaron la reforma al Poder Judicial.
“No creo que eso vaya a resolver el problema. Yo no creo que el juicio político contra los ministros de la Corte vaya a resolver el desencuentro que tenemos”, insistió.
Se declaró asimismo contra la persecución y cualquier instancia política que busque inhabilitar o destituir a los juzgadores.