Javier Milei, presidente de Argentina, negó la solicitud de asilo del contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible y expulsado del país sudamericano en la previa.
Lo anterior fue detallado por la ministra de Seguridad Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, a través de un mensaje en redes sociales.
“Este delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar que lo mandaran de vuelta a su país. Gracias a un decreto del presidente Milei, se lo rechazamos”, refirió en su mensaje dado a conocer este jueves 21 de agosto de 2026.
“Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos. Argentina no es refugio de delincuentes”, puntualizó.
Detalló que el que el mexicano “era buscado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Está acusado de integrar una red que ingresaba combustibles ilegalmente a México para evadir impuestos, una maniobra conocida como huachicol fiscal”.
El contralmirante Fernando Farías Laguna mexicano aterrizó este viernes 21 de agosto de 2026 a Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina y será internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
La institución señaló en redes sociales que Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue presentado ante un médico forense para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
Farías Laguna “quedará a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, precisó la Fiscalía mexicana.
El exmilitar, de 47 años, fue detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, después de que la FGR solicitara una ficha roja de Interpol por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles.
La Justicia mexicana lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que México había solicitado formalmente su extradición el 21 de mayo.
Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.
La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.
Con información de López-Dóriga Digital